A través de una pericia, la Justicia confirmó que el ADN de Fernando Sabag Montiel estaba en la empuñadura, el cargador y el gatillo de la pistola Bersa 32 con la que le apuntó a la cara a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves pasado en el barrio porteño de Recoleta.
Más allá de que fue detenido mientras intentaba cometer el magnicidio de la funcionaria, la pericia complicó más al acusado y en las últimas horas también declararon como testigos los cuatro amigos ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes se quedaron con sus teléfonos celulares para ser analizados.
Los cercanos al implicado se presentaron este mediodía en una dependencia policial y de allí fueron llevados a Comodoro Py, donde los investigadores decidieron que declaren como testigos. Sin embargo, sus dichos no se divulgaron por el secreto de sumario del expediente.
Por su parte, Brenda Uliarte será indagada este martes luego de su detención el domingo a la noche cuando se comprobó que el jueves pasado a la noche estuvo con Sabag Montiel en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vive la expresidenta: “Estamos con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y nosotros no tuvimos nada que ver”, dijo en declaraciones televisivas Uliarte, que se hizo llamar Ámbar. Allí contó que hacía dos días que no veía a Sabag Montiel pero luego de determinó que el día anterior había estado con él en la esquina del edificio de la vicepresidenta.
El contenido de la declaración de los amigos quedará bajo análisis de los investigadores para determinar qué puede resultar útil para nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones. Pero también será de utilidad para reconstruir los diálogos e información que puedan tener en sus teléfonos y hagan al vínculo con los dos detenidos.
Vale destacar que aún no se pudo acceder a la información del celular de Sabag Montiel, lo cual generó la polémica por el accionar de la Justicia. En ese sentido, la fiscalía solicitó realizar una “pericia de la pericia”, es decir establecer qué irregularidades pudieron haber surgido en el procedimiento de intento de extracción de información.
