“Este proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Sordos de Ayuda Mutua (ASAM) y de la Asociación Civil de Sordos de Bahía Blanca (ACSBB), quienes colaboraron para la redacción de su articulado”, informó el senador Andrés De Leo, de Juntos por el Cambio, tras lanzar una campaña de junta de firmas para pedir por la sanción de una ley que obligue a la utilización de código QR de lengua de señas para hipoacúsicos.
“Este proyecto apunta a resolver esta carencia, obligando a las oficinas provinciales a poner al alcance de quien quiera hacer uso de estas vías de comunicación mediante Códigos QR con marca LSA, una vía de video comunicación, de diálogo, en Lengua de Señas Argentinas”, afirmó De Leo, quien agregó que “la Provincia no habla el mismo idioma que estos miles de bonaerenses”.
En el mismo sentido señaló que “el uso de la vista es necesario para cumplimentar la única vía de comunicación interpersonal que tiene la gran mayoría de la comunidad sorda, y por ello se imponen los videos como herramienta para la comunicación entre estas personas y el Estado provincial”.
“Los sordos tienen que ser vistos y tienen que mirar para comunicarse mediante LSA, su idioma. Con el internet existente en 2022, el Estado Provincial debe facilitar esta comunicación y contar con los intérpretes necesarios, avalados por la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM)”, indicó el senador.
También, dentro de la fundamentación, De Leo manifestó que “actualmente el Estado provincial no tiene un mecanismo de comunicación con interpretación en LSA para recibir y canalizar pedidos de auxilio, denuncias, reclamos, consultas, sugerencias o ideas de personas sordas. Teniendo los recursos para poder brindar este servicio esencial a miles de bonaerenses y a sus familias, resulta justo que se implemente una solución de inmediato”.
El autor del proyecto agregó que “en la actualidad, las personas que integran la Comunidad Sorda deben solicitar la intervención de un intérprete privado para poder comunicarse con cualquier Poder, repartición o dependencia pública provincial, lo que plantea muchas complicaciones. A partir de esta Ley, su correcta implementación, y el trabajo de agentes provinciales con la capacidad de interpretar reclamos, consultas, denuncias mediante Lengua de Señas Argentinas, la Comunidad Sorda podrá hacer valer sus derechos”.
