El Gobierno nacional resolvió por decreto la Reforma Migratoria y estableció nuevas condiciones para que personas extranjeras puedan residir, estudiar o atenderse en el sistema de salud público argentino. La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y lleva la firma del presidente Javier Milei y todos sus ministros.
La nueva normativa impone mayores requisitos para el ingreso, endurece los criterios para acceder a la residencia y limita el uso del sistema de salud público para ciudadanos extranjeros no residentes, con el objetivo de “ordenar el sistema migratorio”, “combatir abusos” y “resguardar recursos estatales”.
El decreto modifica artículos centrales de la Ley 25.871 y deja sin efecto la reforma de 2004, que incorporaba un enfoque de derechos para la población migrante. Con esta decisión, el Gobierno vuelve al esquema restrictivo que estuvo vigente durante los años noventa y que había sido reemplazado por impulso de organismos de derechos humanos y de la comunidad migrante.
Uno de los puntos más sensibles de la Reforma Migratoria está vinculado al acceso a la salud. A partir del nuevo texto, las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro médico o abonar los costos para poder acceder a tratamientos médicos o prestaciones sanitarias habituales.
El decreto también introduce cambios en el acceso a la educación para personas extranjeras. Si bien sostiene que no se podrá excluir a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo en los niveles inicial, primario y secundario, las escuelas tendrán la obligación de reportar a la Dirección Nacional de Migraciones la situación migratoria de las familias y de asesorarlas para que inicien los trámites correspondientes.
La nueva Reforma Migratoria tambien amplía las causales de expulsión y autoriza rechazos inmediatos en frontera en caso de que una persona no cumpla con los requisitos formales, como presentar documentación incompleta o adulterada, ocultar antecedentes penales o declarar un motivo de ingreso y luego realizar actividades distintas.
Por otra parte, la normativa habilita al Estado a rechazar solicitudes de ingreso de personas que hayan cometido delitos, incluso si no fueron condenadas, o que pertenezcan a organizaciones que promuevan la violencia o desconozcan el sistema democrático.
