En una decisión que ya genera amplio rechazo entre organizaciones ambientales y organismos internacionales, el Gobierno nacional avanzará con un decreto presidencial para modificar la Ley de Glaciares Nª 26.639. La medida busca flexibilizar los límites actuales del ambiente periglaciar, con el objetivo de habilitar proyectos mineros e hidrocarburíferos que hoy están restringidos por criterios de protección ecológica.
El cambio legal, impulsado desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, en conjunto con la Secretaría de Energía dirigida por María Tettamanti y con participación de técnicos de Casa Rosada, apunta a otorgar mayor “seguridad jurídica” a las inversiones privadas en sectores estratégicos. Según confirmaron fuentes oficiales, el decreto permitirá liberar zonas actualmente vedadas para el uso de químicos, la disposición de residuos y la construcción de infraestructura extractiva.
Aunque desde el Ejecutivo se asegura que seguirán vigentes las restricciones sobre glaciares descubiertos y cubiertos, también se habilitará a las provincias a definir qué áreas del ambiente periglaciar pueden ser habilitadas para la actividad económica. Este traslado de facultades reaviva el debate sobre el federalismo ambiental y el alcance de la normativa nacional en materia de conservación.
Argentina alberga más de 16.000 glaciares y es uno de los mayores reservorios de agua dulce de América Latina, junto a Brasil. Las zonas periglaciares, que rodean a los glaciares propiamente dichos, funcionan como reservas hídricas esenciales: en esas áreas, el suelo permanece congelado todo el año y actúa como un sistema natural de almacenamiento de agua. La protección de estos ecosistemas ha sido eje central de los debates ambientales de la última década, especialmente en el contexto de crisis climática global.
“Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, advirtió Nicole Becker, presidenta de la organización Jóvenes por el Clima Argentina. “Esas zonas montañosas conservan muchísima agua”, explicó, y agregó: “Nuestra vida en la Tierra depende de los glaciares. Proveen el 70% del agua dulce del planeta y ayudan a regular la temperatura global. No tiene sentido desprotegerlo aún más”.
La ley, su historia y un fallo clave
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras un extenso proceso de discusión política y social, y en 2019 su constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal dejó en claro que la responsabilidad de la protección ambiental es compartida entre la Nación y las provincias. La norma establece la elaboración de un Inventario Nacional de Glaciares, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y monitoreos continuos, y contempla sanciones severas en caso de incumplimiento.
No es la primera vez que el Gobierno intenta modificar esta legislación. Cambios similares habían sido incluidos en los borradores iniciales del proyecto de Ley Bases, aunque fueron descartados ante la falta de apoyo en el Congreso. En aquel entonces, la ONU calificó la propuesta como “regresiva” y alertó que podría poner en riesgo “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.
