El diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Claudio Frangul, presentó un proyecto en la Legislatura para que el Banco Provincia revise los beneficios que otorga a través de la billetera digital Cuenta DNI. La iniciativa busca visibilizar la exclusión de los comercios y librerías de barrio en las promociones del programa.
Según detalló el legislador provincial, entre los rubros alcanzados figuran “cadenas de supermercados de gran volumen de venta”, junto con descuentos limitados en carnicerías y comercios de cercanía, además de promociones en locales de comida rápida y cafeterías.
A partir del texto ingresado en la Cámara baja, el correligionario advirtió que las promociones vigentes “no están contemplando a los pequeños comerciantes, las librerías independientes” y explicó que se trata de una situación que se repite en distintas localidades bonaerenses, donde los negocios chicos quedan fuera de los acuerdos que el Banco Provincia mantiene con grandes firmas.
En ese marco, el reclamo del legislador radical apunta directamente a la política de convenios de la entidad bonaerense. Según denuncias del sector librero, el Banco Provincia dejó de incluir a los pequeños negocios del rubro, lo que generó un fuerte malestar entre los comerciantes.
En contraste, Frangul subrayó que se anunciaron beneficios exclusivos para una “conocida cadena multinacional”, lo que profundiza significativamente la desigualdad en el acceso a las promociones.
Además, el representante de la bancada radical señaló que el banco ofreció como única alternativa que las librerías asuman por completo el costo del reintegro destinado a los usuarios, una medida que impacta de forma directa en el margen de ganancia de los comercios chicos y contradice el espíritu de la Ley Nacional N° 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que establece condiciones de competencia equitativa para los locales independientes frente a las grandes cadenas.
Si bien en su proyecto Frangul reconoció que el Banco Provincia tiene la potestad de modificar los rubros alcanzados por los descuentos, consideró “inadmisible” que la administración bonaerense publicite una política pública que, en apariencia, busca beneficiar a los sectores más afectados por la crisis, mientras al mismo tiempo excluye a los pequeños comerciantes.
