La educación especial en Argentina se encuentra en un momento crítico debido a la profunda crisis que atraviesan las escuelas privadas que atienden a niños y adolescentes con discapacidad. La situación se agrava por el congelamiento del nomenclador nacional desde diciembre de 2024, la falta de actualización de los aranceles y los constantes retrasos en los pagos por parte del Estado, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención para miles de estudiantes.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) han lanzado una seria advertencia: “La situación dejó de ser un problema administrativo para transformarse en una emergencia estructural”. La asociación enfatiza que lo que está en juego es el derecho fundamental de los niños y jóvenes con discapacidad a aprender, desarrollarse y ser incluidos en un entorno educativo adecuado.
Laura Giorgi, representante de educación especial en AIEPA, detalló la difícil realidad que enfrentan las instituciones. Señaló un desfase de más del 70% entre los aranceles que reciben y la inflación acumulada. “Nuestros principales costos, como los salarios docentes, sí se actualizan, y eso nos deja con ingresos congelados y egresos crecientes”, explicó. Además, Giorgi alertó sobre las demoras de hasta 90 días en la liquidación de prestaciones por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que dificulta enormemente garantizar una educación de calidad.
Esta problemática no solo afecta a las escuelas de educación especial, sino también a los servicios de apoyo en escuelas comunes, donde docentes integradores y acompañantes terapéuticos desempeñan un rol crucial. “Esos profesionales no pueden sostener su tarea si no hay condiciones mínimas”, concluyó Giorgi, subrayando la necesidad urgente de soluciones.
