Con las elecciones de setiembre a la vuelta de la esquina, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la intendenta camporista Mayra Mendoza se mostraron juntos en una actividad de gestión en Quilmes, puntualmente en la inauguración de una alcaldía que implicó una inversión de más de $15.000 millones, y apuntaron contra el recorte de fondos del presidente Javier Milei, esta vez en materia de seguridad.
“Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof, secundado por Mendoza – quien además es candidata no testimonial por la Tercera Sección – y los ministros de Seguridad, Javier Alonso; y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena.
“Hoy estamos alcanzando las 8.424 nuevas plazas y nos proponemos llegar a las 12.000 en los próximos años”, agregó el mandatario, principal objetivo de las críticas del presidente Milei y quien se puso al hombro la narrativa de campaña bonaerense; y continuó: “Estas obras permiten también reforzar la presencia de nuestras fuerzas donde tienen que estar: en las calles, patrullando, trabajando para prevenir el delito; y no asignados a cuidar a detenidos en comisarías”.
Más tarde, la intendenta Mendoza remarcó: “Esta obra, resultado del trabajo conjunto y cotidiano entre la Provincia y el municipio, permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de control y patrullajes en nuestros barrios”. Y añadió: “Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros asumimos este tema con mucha responsabilidad e invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”.
La alcaldía cuenta con cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos. A partir de una inversión de $15.091 millones, el nuevo predio posee además doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad.
Las nuevas instalaciones forman parte del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, que lleva adelante el gobierno de la provincia desde 2020 y tiene como objetivo ampliar en un 50% las plazas, pasando de 24.000 a 36.000.
Estuvieron presentes los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso; de Derechos Humanos, Matías Moreno; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Control Interno, Nazareno Castro Bergamín; su par de Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Maitena Villegas; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areces; y el subjefe del organismo, Javier Cáceres; y autoridades del Poder Judicial.
