La reciente determinación del Gobierno nacional de no postular a Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2025-2027 ha generado un fuerte rechazo en el ámbito legislativo. Dos diputadas, Mónica Frade (Coalición Cívica) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), han presentado proyectos parlamentarios expresando su desacuerdo con la medida, advirtiendo sobre un retroceso en la política exterior y la defensa de los derechos humanos del país.
La administración de Javier Milei optó por no presentar la candidatura argentina ante este foro multilateral, que desde 2006 es el principal espacio para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de reducción de la participación argentina en organismos de la ONU, similar a la anunciada salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En su presentación, la diputada Frade manifestó un repudio directo y denunció un supuesto “vaciamiento” de la política de derechos humanos por parte del actual Ejecutivo. Según su análisis, la medida no solo implica renunciar a un rol histórico de liderazgo internacional, sino que también se relaciona con un contexto nacional marcado por la represión a manifestaciones sociales, el hostigamiento a gremios y organizaciones políticas, y un debilitamiento general de las garantías democráticas.
Por su parte, la diputada Stolbizer expresó su “profunda preocupación”, recordando la activa participación de Argentina en el Consejo de la ONU desde su creación, incluyendo su presidencia en 2019. Para Stolbizer, el retiro de la candidatura significa ceder un espacio crucial de influencia internacional, en un momento en que la política exterior del gobierno se caracteriza por un “creciente aislamiento” y un alineamiento con posturas de figuras como Donald Trump y el Estado de Israel.
Ambas iniciativas parlamentarias resaltan el prestigio internacional que Argentina ha forjado a través de su compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como su labor en la promoción de consensos multilaterales en materia de derechos civiles y sociales. En este sentido, advirtieron que la decisión del gobierno rompe con una política de Estado que ha sido sostenida por diversas administraciones desde el retorno de la democracia.
