La Justicia le ordenó al intendente Guillermo Montenegro detener las patrullas municipales que operaban contra personas en situación de calle. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata confirmó la sentencia del juez de Garantías N° 4, Juan Tapia, que declaró ilegales estos operativos en el distrito de General Pueyrredón. Esta decisión se produjo tras el rechazo de la apelación presentada por Montenegro, quien actualmente se alinea con La Libertad Avanza.
El fallo establece que las patrullas no podrán llevar a cabo acciones que impliquen violencia física o verbal, ni podrán quitar pertenencias o documentos personales de las personas afectadas. La resolución judicial enfatiza la protección del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, así como la dignidad de este colectivo vulnerable.
La Patrulla Municipal fue creada en 2020 por el Ejecutivo local y aprobada por el Concejo Deliberante. En los últimos años, su labor fue promovida en las redes sociales por el propio intendente, coincidiendo con su cercanía al espacio libertario. Sin embargo, las denuncias sobre prácticas violentas y abusivas llevaron a la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentó un recurso de habeas corpus respaldado por testimonios de las víctimas.
