La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó en las últimas horas su desacuerdo con varios artículos del proyecto de Ley Impositiva presentado por el gobierno de Axel Kicillof, advirtiendo que “trasladan facultades al Ejecutivo, generando incertidumbre y afectando la previsibilidad” en la provincia de Buenos Aires.
Con la fecha del debate del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva fijada para el 26 de noviembre en la Legislatura bonaerense, la SRA, liderada por Nicolás Pino, centró sus críticas en los artículos 133 y 167 de la nueva Ley Fiscal, señalando la “falta de parámetros claros”.
La entidad alertó que el artículo 133 otorga al Ejecutivo la capacidad de intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni un plan acordado para el revalúo, lo que debería incluir espacios de consulta con las instituciones locales y la comunidad productiva. Este artículo también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la asignación de valores básicos para la tierra libre de mejoras en las Plantas Rural y Subrural, permitiendo al Gobierno realizar revalúos y ajustar los valores del mercado inmobiliario.
Por otro lado, el artículo 167 se refiere al Impuesto Inmobiliario, permitiendo modificar cuotas no vencidas en el mismo ejercicio fiscal, lo que impacta en la capacidad de planificación de los productores. La SRA enfatizó que el esquema de bonificaciones mantiene criterios indefinidos, sin porcentajes establecidos por ley.
“Los productores enfrentamos una carga tributaria elevada debido a la Ley Fiscal prorrogada en diciembre pasado. Hacemos un llamado a la Legislatura provincial para que asuma su responsabilidad constitucional, estableciendo claramente los criterios y límites del tributo, evitando así delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo”, concluyeron desde la entidad rural.
