Con el fracaso del Consejo del Salario como telón de fondo, el Gobierno volvió a imponer por decreto la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), consolidando un esquema que no solo desconoce el deterioro social sino que profundiza la pérdida de ingresos de millones de trabajadores.
La nueva resolución oficial, publicada en el Boletín Oficial, establece aumentos mensuales durante diez meses que, en promedio, no alcanzan siquiera para cubrir el incremento semanal de la canasta básica.
La Secretaría de Trabajo justificó la medida en la falta de acuerdo del Consejo del Salario, cuya última reunión (realizada por Zoom y sin consenso entre sindicatos y empresarios) terminó habilitando al Ejecutivo a fijar los valores de manera unilateral. Pero lejos de recomponer el ingreso mínimo, el Gobierno optó por una fórmula que deteriora aún más la situación: el monto final previsto para agosto de 2026 representa apenas un tercio de la Canasta Básica Total y ni siquiera llega a cubrir una canasta de indigencia, ambas calculadas en octubre.
Un salario mínimo de pobreza total
El esquema fijado por la Resolución 9/2025, que eleva los 322 mil pesos congelados desde diciembre de 2023 a 376.600 pesos recién dentro de diez meses, es presentado como un “sendero de actualización” pero funciona, en los hechos, como un mecanismo de licuación progresiva. Cada tramo mensual agrega apenas unos pocos miles de pesos que se desvanecen frente al ritmo de la inflación. Así, noviembre arranca en 328.400 pesos; diciembre sube a 334.800; mientras que en enero, febrero y marzo de 2026 apenas se avanza hasta 341.000, 346.800 y 352.400 pesos respectivamente. La secuencia continúa con 357.800 en abril, 363.000 en mayo, 367.800 en junio y 372.400 en julio, para cerrar en 376.600 en agosto, siempre muy por debajo de cualquier parámetro razonable de subsistencia.
El Gobierno también aplicó cambios en torno a la prestación por desempleo, que ahora quedará atada por completo al valor del salario mínimo. El beneficio equivaldrá al 75% del salario mensual neto más alto percibido en los seis meses previos al despido, pero con un límite que expone el carácter regresivo de la medida: el monto no podrá ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente. En un contexto donde el salario mínimo se ubica en su piso histórico, estos topes implican prestaciones que quedan muy lejos de garantizar algún nivel de seguridad económica a quienes pierden su trabajo.
El impacto del nuevo esquema no se limita al universo de asalariados formales. El salario mínimo influye en negociaciones colectivas, subsidios, programas sociales, topes de acceso a beneficios y mediciones oficiales que el propio Estado utiliza para definir políticas públicas. Sin embargo, la decisión de La Libertad Avanza consolida un piso salarial tan bajo que distorsiona todos estos mecanismos y amplifica la desigualdad.
Con esta resolución, el Gobierno profundiza una línea de política económica que ya mostró su sesgo: mientras los sectores sindicales reclaman una recomposición real y urgente y la pobreza alcanza niveles críticos, el Ejecutivo opta por sostener valores que benefician al sector empresario a costa del derrumbe del poder adquisitivo. El salario mínimo más bajo de Sudamérica, ahora extendido bajo un esquema que no cubre ni lo básico, vuelve a colocar a los trabajadores en el centro de un ajuste que ni siquiera intenta disimularse.
