El Gobierno ha incluido en su proyecto de Presupuesto 2026 la anulación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, lo que ha suscitado críticas y preocupación en la oposición. El artículo 75 del proyecto elimina las leyes 27793 y 27795, promulgadas por el presidente Javier Milei antes de las elecciones de octubre.
La oposición cuestionó esta decisión, argumentando que representa un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y en el financiamiento de las universidades nacionales. La diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, manifestó su rechazo y acusó al Gobierno de “traición al ejercicio democrático”.
Desde el Gobierno, se defiende que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada sin definir las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación, lo que la hace inviable. Además, se planea apelar el fallo judicial que ordena la aplicación inmediata de la ley, argumentando que esto infringe las competencias del Ejecutivo.
