El caso que involucra a los militantes Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz en La Plata, por denuncias de abusos sexuales dentro del ámbito del Senado bonaerense, puso nuevamente la mirada sobre cómo se manejan estos expedientes en la política local. Las investigaciones actuales reflejan que estos temas circulaban como rumores desde hace años, aunque la acción formal del Estado se produjo de manera escalonada.
Según trascendió en las últimas horas, la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, habría asumido su cargo en diciembre de 2019 con conocimiento de denuncias previas contra Rodríguez y Silva Muñoz, que databan de 2014 y de distintos informes de 2019. Al respecto, Díaz explicó: “Eso circulaba como rumor… Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”.
Intervención del Ministerio y asistencia a las víctimas
Formalmente, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia intervino en octubre de 2024, cuando una empleada de la Cámara de Senadores solicitó asistencia. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe que fue elevado a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos.
En ese contexto, la víctima fue orientada a presentar la denuncia penal para poder acceder a medidas de protección, como el botón antipánico. Esta política ha sido debatida en distintos espacios del feminismo, que sugieren priorizar la asistencia antes de formalizar la denuncia. Finalmente, la denuncia se realizó a mediados de 2025, mientras que los acusados ya contaban con medidas de restricción vigentes y fueron apartados de sus cargos por la Secretaría Administrativa del Senado.
Durante los años previos, Rodríguez y Silva Muñoz participaron en algunas actividades públicas del peronismo, incluyendo al menos un evento organizado por la propia Estela Díaz, la inauguración de su unidad básica del Movimiento Derecho al Futuro en Ringuelet. Sin embargo, la ministra aclaró: “Quisieron hacer un acto conjunto a fin de año, y nos negamos a que participaran. No hay ningún vínculo entre el MDF y La Capitana”.
Por otro lado, Melina Gaudino, ahora conocida como la “falsa abogada”, fue señalada por algunas fuentes como un actor que habría intervenido en la comunicación con las víctimas, generando confusión sobre la asistencia legal. Según el abogado Claudio Yacoy, Gaudino informaba a las víctimas que se estaban realizando gestiones que él no había realizado.
Gaudino ocupó distintos cargos en la administración pública y en la educación universitaria, pese a no contar con título de abogada, y fue finalmente apartada de la Municipalidad de La Plata en noviembre de 2024. En marzo de 2025 se desempeñó en la UTN La Plata como responsable de la Unidad de Género.
Seguimiento judicial y pedidos de informes
Actualmente, la fiscal Betina Lacki solicitó unificar todas las causas que involucran a Rodríguez y Silva Muñoz, y la competencia será definida entre los jueces Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.
En paralelo, el presidente del bloque PRO en el Concejo Deliberante de La Plata, Nicolás Morzone, presentó pedidos de informes a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente Julio Alak, solicitando detalles sobre las actuaciones de las autoridades y la disponibilidad de asistencia psicológica para quienes se vieron afectadas.
