La discusión en torno a la transparencia en la gestión de la CEAMSE no sería nueva y, según distintos trascendidos, volvería a cobrar fuerza en los últimos meses. En ámbitos políticos y técnicos se desliza que la falta de respuestas a pedidos de acceso a la información pública podría estar debilitando la confianza en la administración de un organismo clave para la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El directorio —integrado por representantes de la Provincia y la Ciudad— debería regirse por estándares de control interno y publicidad de los actos de gobierno. Sin embargo, versiones no oficiales indican que ciertos procesos de contratación recientes, presuntamente con plazos abreviados y escasa competencia, habrían generado inquietud tanto dentro como fuera del organismo.
Estas versiones mencionan la reiterada adjudicación de contratos a un grupo reducido de proveedores, algunos de ellos sin antecedentes ampliamente reconocidos en el sector ambiental, aunque tales afirmaciones no cuentan, hasta el momento, con resoluciones judiciales firmes que las respalden.
En ese contexto, la atención pública suele posarse sobre el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, el director ejecutivo Gustavo Ricardes y el director por la Provincia, Francisco Mario Cupelli. Distintas fuentes señalan que existirían investigaciones en curso, aunque rige el principio de inocencia y hasta el momento no se conocen condenas vinculadas a los hechos mencionados.
¿Quién es Mario Cupelli?
Francisco Mario Cupelli ocupa el puesto de director en representación de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como empleado del CEAMSE, desde el año 2007, hasta que en el 2020 logró subir de rango para formar parte del directorio y aumentar exponencialmente su sueldo. Desde ese entonces, supo acomodarse en los primeros escaños detrás de Gustavo Ricardes, director ejecutivo y del titular, el siempre cuestionado, Claudio “Chiqui” Tapia.
Cupelli, al igual que sus compañeros, lejos está de dar el ejemplo. Al mismo trabajaba para la Municipalidad de La Matanza, donde tenía un contrato que duró desde marzo de 2018 hasta febrero de 2020 y, como si fuera poco, en el mismo período durante todo el año 2019, se desempeñó como síndico en la Autopistas AUBASA. De esta forma, tenía incompatibilidad de funciones, pues no se debe tener más de un empleo en el sector público a la vez.
Cupelli es de profesión abogado, pero en AFIP como persona jurídica nunca presentó facturación desde el 2007, justo cuando ingresó a trabajar en el CEAMSE.
Tiene problemas con el fisco y se encuentra en Categoría 3 como deudor en ARBA, a punto de ingresar a una instancia judicial. Otra perlita de este ser es que en plena pandemia contaba con una lujosa flota de autos, compuesta por cuatro vehículos: un BMW, un Fiat Palio Weekend, un Audi A4 y una Toyota Hilux.
En su faceta de empresario, Cupelli tiene acciones en Martin y Martin, una empresa dedicada a la recolección de basura que tiene antecedentes en varios municipios de la provincia y que declaró haber ganado 116 millones de pesos en el 2020.
A su vez, el director del CEAMSE aparece como titular de otra firma, Huanquelen SA, una empresa dedicada a servicios de hospedaje temporal en estancias, residencias para estudiantes y albergues juveniles, pero que fue dada baja por la AFIP.
Mal parados en la administración del Fútbol
En las últimas horas, una mancha más se sumó al epítome de Claudio “Chiqui” Tapia, quien es también el presidente de la AFA. Un peritaje judicial le dio la razón al empresario Guillermo Tofoni en la pulseada que mantiene con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su Tesorero, Pablo Toviggino, por la firma de un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.
Tofoni es uno de los denunciantes de Tapia y Toviggino por supuesta administración fraudulenta, luego de que designaran a la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, para cobrar en Estados Unidos contratos de la selección, y luego desviar parte de esos fondos.
Según público La Nación, Faroni, vinculado a Sergio Massa, y Gillette son dueños de la empresa TourProdEnter, que junto a otras cuatro personas de Bariloche permitieron desviaron al menos US$42 millones.
Tofoni tenía un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección para su empresa World Eleven Inc. Pero denunció que, tras la coronación de Argentina como Campeón Mundial en Qatar 2022, la AFA lo corrió del medio y desconoció el contrato, para beneficiarse. Por eso, Tofoni demandó a Tapia y Toviggino, quienes intentaron negar que las firmas que aparecían en el contrato fueran genuinas.
Intervino entonces la perito calígrafa oficial Liliana Beatriz Quintana que -tras estudiar las firmas y contratarlas con cuerpos de escritura y firmas indubitadas- concluyó a fines del año pasado que eran genuinas.
“No surgen alteraciones o adulteraciones”, escribió la perito y confirmó que “el estampado de las firmas puestas en tela de juicio, se le atribuyen pericialmente al señor Tapia, Claudio Fabián y Toviggino, Pablo Daniel”.
La causa comercial donde ambos dirimen el conflicto por el desconocimiento del contrato sigue abierta en el juzgado de Javier Cosentino.
En tanto, en la justicia penal, Tofoni sigue adelante con sus denuncias contra Tapia, Toviggino y Faroni por administración fraudulenta. Los denunció en la justicia nacional de instrucción, pero la jueza decidió enviar el caso a la justicia federal de Lomas de Zamora.
Tofoni, disconforme con esa decisión, apeló y ahora será el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, quien deberá decidir dónde sigue el expediente, si en la justicia federal, más proclive a la influencia de la política, o si en la justicia nacional ordinaria.
Esta es solo una de las causas contra la AFA, pues en la Justicia federal de Campana, en la de Lomas de Zamora y en el fuero penal económico de la Capital Federal tramitan otros casos de supuesta evasión y lavado de dinero.
La defensa de Tapia aspira a que el cúmulo de casos penales que se acumularon en los últimos meses confluyan en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay, una estrategia que aún está en proceso y que aparece cargada de sospechas.
