El diputado nacional Nicolás Trotta (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados exprese su rechazo a la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (ORORA) y manifieste su preocupación por el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
La iniciativa, registrada bajo el número 7244-D-2025, fue ingresada el 6 de febrero de 2026 y propone que el cuerpo legislativo fije una posición institucional frente a la reciente creación del organismo por parte del Poder Ejecutivo.
Qué plantea el proyecto
En los fundamentos, Trotta sostuvo que la nueva dependencia representa un avance sobre las garantías democráticas y cuestionó su función de verificación de contenidos. El legislador afirmó que el mecanismo estatal podría condicionar la circulación de información y advirtió sobre un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el periodismo.
El texto también menciona antecedentes legislativos vinculados a la protección de la libertad de expresión, entre ellos la reforma incorporada por la Ley 26.551, que eliminó las penas de prisión por calumnias e injurias en asuntos de interés público.
El rol de la Oficina de Respuesta Oficial
La Oficina de Respuesta Oficial fue creada por el Gobierno nacional con el objetivo de desmentir información considerada falsa, señalar errores en publicaciones periodísticas y responder a versiones que el Ejecutivo evalúe como incorrectas.
Según lo informado oficialmente, el organismo depende del área de Comunicación Digital y está vinculado al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo. La iniciativa forma parte de una estrategia comunicacional orientada a intervenir de manera directa en la discusión pública frente a lo que el Gobierno define como desinformación.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, expresaron su respaldo a la creación del área.
Reacciones del sector periodístico
La creación del organismo también generó cuestionamientos de entidades del sector. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió sobre la gravedad institucional de la medida y señaló que un esquema de “verdad oficial” es incompatible con una sociedad libre.
En la misma línea, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por el posible uso que podría tener la nueva dependencia.
Además, el último informe sobre Argentina de Human Rights Watch mencionó un clima de confrontación entre el Gobierno y el periodismo, en un contexto de reiterados cuestionamientos públicos a la labor de los medios.
Un nuevo debate en el Congreso
Con la presentación del proyecto de Trotta, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial sumó un capítulo en el ámbito parlamentario, donde la oposición busca que la Cámara de Diputados fije una postura institucional sobre el organismo y su impacto en el funcionamiento del sistema democrático.
