La Iglesia Católica y organizaciones sociales lanzaron un fuerte reclamo al gobierno de Javier Milei por el cierre de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la paralización de obras en villas y asentamientos. Desde Cáritas Argentina advirtieron que la decisión impacta sobre millones de personas que viven en barrios populares, y alertaron por nuevos recortes en infraestructura básica.
Representantes eclesiales y referentes comunitarios cuestionaron el ajuste bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. Los voceros señalaron que el Ejecutivo libertario no renovará los contratos de 300 trabajadores del área y denunciaron la desarticulación del organismo encargado de ejecutar proyectos en territorio.
Ante este panorama, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, sostuvo que el reclamo apunta a reactivar las obras esenciales en los barrios más postergados. “Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, afirmó el religioso al describir el alcance de la política pública suspendida.
Carrara sostuvo que la política social no puede limitarse a la transferencia de ingresos y remarcó la necesidad de sostener obras de infraestructura en los barrios populares. El titular de Cáritas explicó que, aunque una familia perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar, la ausencia de agua potable, centros de salud cercanos o redes cloacales condiciona de manera estructural la vida cotidiana.
