La conducción de CEAMSE, la empresa interjurisdiccional estatal creada en 1977 —en plena dictadura militar— entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para gestionar de forma integral los residuos sólidos urbanos del AMBA y eliminar la quema e incineración de basura —prohibidas en la Capital Federal desde 1970—, aparece hoy atravesada por una fuerte impronta política.
Si bien la entidad cuenta con ingenieros y especialistas ambientales calificados, al menos desde el retorno de la democracia los presidentes de su directorio fueron designados por gobiernos del peronismo bonaerense. La única excepción fue el período 2016-2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal en acuerdo con el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Claudio “Chiqui” Tapia puede ser considerado incluso un “hombre de la casa”. No tanto porque en su juventud trabajó como recolector de residuos en la desaparecida empresa Manliba, sino porque lleva más de una década integrando el directorio de CEAMSE.
Desde 2015 ejerció la vicepresidencia, llamativamente en representación de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que a fines de 2024 el nuevo jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo desplazó del cargo.
Sin embargo, casi de inmediato el gobernador bonaerense Axel Kicillof lo designó presidente en reemplazo de Mónica Cappellini, funcionaria de carrera vinculada al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Para entonces, y en simultáneo, Tapia ya presidía la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 —respaldado por su exsuegro, Hugo Moyano, titular de Club Atlético Independiente, y por Daniel Angelici, de Boca Juniors— y desde fines de 2001 conduce el Barracas Central. Este club logró en 2021 un meteórico ascenso a la primera división del fútbol profesional por primera vez en su historia.
Previamente, Tapia había impulsado la remodelación, modernización y ampliación del modesto estadio del club, que en 2008 fue bautizado “Claudio ‘Chiqui’ Tapia” y entre 2023 y 2025 triplicó su capacidad hasta alcanzar los 12.000 espectadores, mediante una inversión millonaria cuyo monto no fue precisado.
Como dato adicional, el relevo a mediados de 2025 —“por razones organizativas”— de Miguel Blanco al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) incluyó una novedad políticamente sugestiva: en su reemplazo fue designado Alejandro Fabián Díaz, con 30 años de experiencia en el área y hasta entonces presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA, cargo del cual pidió licencia desde julio pasado.
Los numerosos fallos arbitrales —y arbitrarios— a favor de su equipo, con la anuencia de muchos dirigentes de clubes, son tan conocidos como su tendencia a adjudicarse logros propios en los formidables éxitos de la selección argentina en los últimos años, en ocasiones relegando a Lionel Scaloni y Lionel Messi a un segundo plano.
Como si esta exposición pública con rasgos megalómanos no fuera suficiente, al cumplirse el primer año de su presidencia, el sitio oficial de CEAMSE difundió en enero un breve video institucional titulado “Cerramos un año, abriendo el corazón”. Con estética de campaña, las imágenes lo muestran abrazándose con operarios y técnicos, recibiendo escolares en visitas guiadas a centros de interpretación ambiental y cortando cintas en inauguraciones de oficinas, piletas y quinchos en el Parque San Martín.
“Todos bienvenidos al gran semillero ambiental de la Argentina —otra referencia futbolera— donde se procesan diariamente 19.000 toneladas de residuos”, invita el mensaje, bajo la consigna “Campeones del planeta”.
Pese a esa impronta emotiva, el mismo sitio publicó días atrás un comunicado firmado por Tapia con una llamativa denuncia retroactiva. Según el texto, al asumir la presidencia y revisar decisiones de su antecesora detectó “significativas erogaciones en concepto de dádivas disfrazadas de pautas publicitarias”, que no tendrían correlato con avisos institucionales u operativos difundidos en medios de comunicación.
Por ese motivo, dichas erogaciones fueron dejadas sin efecto tras identificar la trazabilidad de los pagos hacia un listado de periodistas que —según el comunicado— no había sido informado al directorio.
Quizás para curarse en salud, dado que él ya integraba el directorio, Tapia aclaró que esos gastos no estaban vinculados “con las contrataciones publicitarias que desde hace décadas mantiene la sociedad con medios que poseen instalaciones de transmisión en predios de la empresa, por vía de canje de segundos”, donde —afirmó— sí se verificó la emisión habitual de publicidad institucional.
Aun así, destacó que desde la conformación del nuevo directorio CEAMSE comenzó a aplicar políticas de compliance y buen gobierno corporativo “para alcanzar los más altos estándares en materia de prevención de la corrupción”, con un mapeo de riesgos encargado a terceros independientes.
Más allá de esas intenciones, la falta de datos oficiales y auditorías completas sobre el funcionamiento y los resultados de CEAMSE sigue siendo una cuenta pendiente desde hace años.
El negocio político detrás de la basura del AMBA
Según consignó el diario La Nación, la empresa funciona como otra “caja negra” de la política. En el portal oficial de la sociedad estatal no es posible acceder a información básica, como el número de empleados directos e indirectos —incluyendo tercerizaciones—, el monto anual de aportes de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad destinados a proveedores y contratistas, ni la recaudación por peaje del Camino del Buen Ayre, la autopista que conecta el norte y el oeste del conurbano y que es administrada por la empresa.
Tampoco se publican las remuneraciones de los funcionarios políticos que se pagan con fondos públicos.
Del mismo modo, no figuran los ingresos por el servicio de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos provenientes de más de 45 municipios del AMBA —incluida la Ciudad de Buenos Aires y distritos del interior bonaerense como San Antonio de Areco y San Andrés de Giles— cuyos desechos se envían a los complejos ambientales de CEAMSE.
Otra falencia es la opacidad en los pagos a los municipios por la basura recolectada y entregada a la empresa. Al no existir una tarifa preestablecida, el sistema habilita márgenes de discrecionalidad política y posibles sobrefacturaciones, que algunos intendentes suelen destinar a cubrir otros gastos corrientes.
El último informe de gestión de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires data de 2020. Sin embargo, al coincidir con la parálisis generada por la pandemia de COVID-19, no aportó información sustancial. Apenas consignó que en el ejercicio 2018 se habían detectado debilidades en el control de la legalidad del proceso de transferencias de fondos, desde su solicitud hasta su liquidación efectiva.
En cambio, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires publicó una auditoría ambiental del período 2020-2023 que, si bien destacó el profesionalismo técnico de la organización, advirtió que ninguno de los centros de disposición final contaba entonces con licencias de emisión de gases.
También señaló que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires nunca había otorgado permisos de vuelco de efluentes líquidos para los sitios de disposición final y que la propia página web del organismo no publicaba informes de control e impacto ambiental, una falencia que posteriormente fue subsanada.
Aunque la información pública disponible sobre CEAMSE es más política que económica, permite dimensionar su escala operativa. En el conurbano bonaerense posee cuatro complejos ambientales activos —Norte III, González Catán, Ensenada y Ezeiza— y otro en etapa de poscierre en Villa Domínico.
También funcionan cuatro centros de transferencia de residuos sólidos en la Ciudad de Buenos Aires —Colegiales, Flores, Pompeya y Zavaleta— que reciben y procesan entre 41.000 y 45.000 toneladas mensuales, además de un quinto centro en Almirante Brown con unas 54.500 toneladas provenientes del conurbano.
En estos centros se desarrolla un plan de monitoreo ambiental antes del traslado de los residuos procesados en camiones de gran porte hacia su disposición final mediante relleno sanitario.
El corredor del Buen Ayre alberga además cuatro parques y una reserva natural con ecosistemas que conservan especies de flora y fauna nativa, lo que permite recuperar espacios verdes.
La empresa también incorporó normas ISO y mejoras tecnológicas, como plantas de separación y reciclaje de materiales. El manejo de rellenos sanitarios a gran escala posibilita además la captura de biogás para alimentar una central térmica de 10 MW, interconectada al sistema eléctrico nacional, capaz de abastecer a una localidad de hasta 15.000 habitantes.
Aun así, frente a las falencias políticas, institucionales y ambientales señaladas, el eslogan “campeones del planeta” termina reduciéndose a una expresión cercana al surrealismo.
