La disputa entre la Justicia y la administración de la Provincia de Buenos Aires sumó este miércoles un nuevo capítulo de máxima tensión. El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, otorgó un plazo de 24 horas al gobierno bonaerense para que informe qué cuentas bancarias serán alcanzadas por el embargo superior a $157 mil millones, dispuesto en el marco de la causa por la contaminación cloacal que afecta a la capital provincial, Berisso y Ensenada.
La medida busca garantizar el inicio de obras de saneamiento largamente postergadas. Según la resolución, los fondos deberán quedar inmovilizados en una cuenta judicial hasta que la Provincia demuestre el comienzo efectivo de la primera etapa del proyecto destinado al tratamiento y disposición de los líquidos cloacales que hoy se descargan, sin el procesamiento adecuado, en el sistema hídrico regional.
El expediente se remonta a 2020 y fue escalando a través de distintas medidas cautelares, en paralelo al avance de los informes técnicos. Uno de los focos más críticos es el impacto sobre la cuenca del Arroyo El Gato, un curso clave para la región que ya arrastra problemas estructurales de contaminación y riesgo hídrico. Este mismo año, la Provincia actualizó el mapa oficial de peligrosidad de esa cuenca.
Desde la administración de Axel Kicillof rechazan el fallo y sostienen que la Provincia no está en condiciones de afrontar en soledad obras de esta magnitud, históricamente financiadas por el Estado nacional. El planteo cobró mayor relevancia tras el recorte de programas de infraestructura y saneamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei, que además avanzó en 2024 con la disolución del ENOHSA, organismo central para la ejecución de obras sanitarias.
La tensión institucional se profundizó con el cruce entre Recondo y el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez. El funcionario cuestionó el alcance del embargo y advirtió que podría denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura. La respuesta del juez fue inmediata: le exigió que se abstenga de formular “amenazas”, bajo apercibimiento de aplicar sanciones.
Detrás del conflicto judicial subyace un problema estructural que afecta desde hace años a miles de vecinos de la región capital: efluentes sin tratamiento, contaminación del agua y obras que no terminan de concretarse. En ese contexto, más allá de la disputa política y legal, el fallo vuelve a poner en el centro una deuda ambiental y sanitaria que ya no admite más dilaciones.
