El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, vigente desde 2010. El anuncio, realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, volvió a colocar en el centro de la agenda un debate complejo que atraviesa al sistema sanitario, la Justicia y la política desde hace más de una década.
Desde el oficialismo plantean que la iniciativa buscará “actualizar” la normativa con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de urgencia y riesgo. En ese marco, anticiparon que se revisarán aspectos centrales del régimen actual, particularmente aquellos vinculados a los criterios de intervención, los mecanismos de internación involuntaria y los plazos de notificación judicial.
La ley vigente significó en su momento un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental en Argentina. Reemplazó el modelo centrado en el encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso terapéutico. Además, incorporó a las adicciones dentro de las políticas públicas y promovió un proceso de desmanicomialización progresiva.
Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, afirmaron que se busca actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
El objetivo será superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción.El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria.
