“Idiota”, “débil”, “imbécil” y “retardado”: así se refirió el Gobierno de Milei a personas con discapacidad intelectual
El Gobierno de Javier Milei publicó una resolución oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se dirige hacia personas con discapacidad intelectual como “Idiota”, “débil”, “imbécil” y “retardado”. Se trata de la Resolución 187/2025, publicada en el marco de las auditorías que realiza el Ejecutivo en busca de justificar la quita de al menos 200 mil pensiones. Y es en el Anexo donde la ANDIS, bajo la conducción de Diego Spagnuolo (exabogado del Presidente) publicó las calificaciones.
Algunas de las oraciones de la Resolución:
“Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”
“30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias…”
“50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias”.
”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”.
Repudio de organizaciones
Frente a este escenario, organizaciones como REDI, ACIJ, CELS y APDH, que ya venían alertando sobre los discursos violentos de Milei, presentaron un reclamo administrativo para que se dé de baja la resolución.
“La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad. Así, el anexo de la resolución asume que hay personas que nunca podrán trabajar, y recurre a términos como “retraso mental”, “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Resulta innecesario ahondar en el carácter discriminatorio, obsoleto y peyorativo que ostentan estas formas de nombrar”, expresaron en el documento.
Por su parte, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), también expresó su rechazo al anexo: “El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación. La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, denunciaron.