La crisis del empleo en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei no solo se traduce en pérdida de puestos de trabajo, sino también en un creciente deterioro de las condiciones laborales. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de desprotección laboral en la Provincia de Buenos Aires alcanzó el 47,3% en el primer trimestre de 2025, por encima del promedio nacional de 44,1%. En el Gran Buenos Aires (GBA), que concentra gran parte de la población provincial, la cifra trepa al 47,9%, lo que indica que casi la mitad de los trabajadores lo hace sin aportes, estabilidad ni calificación formal.
La contracara de este fenómeno es la escasa proporción de empleo protegido. Mientras que a nivel nacional el 41,3% de los ocupados trabaja en condiciones formales, en la Provincia de Buenos Aires ese porcentaje desciende al 40,8% y cae aún más en el GBA, con apenas 40,4% de los ocupados registrados. El informe del IAG señala que “el empoderamiento de las condiciones laborales en la provincia fue más veloz que en el resto del país desde diciembre de 2023”. Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, la desprotección creció un 13% en la provincia y un 15% en el GBA, mientras que a nivel nacional el aumento fue del 7%.
El estudio también advierte sobre la limitada capacidad del mercado laboral para absorber la pérdida de empleo industrial en las provincias más afectadas. Por cada 10 puestos privados periodos en Buenos Aires desde noviembre de 2023, sólo se crearon 1,8 en Neuquén, evidenciando el impacto de un modelo económico basado en recursos naturales sin valor agregado.
En paralelo, la precarización se ve acentuada por la caída del empleo público, que tradicionalmente funciona como amortiguador frente a la crisis. Durante el último año, el empleo estatal se redujo un 12%, representando apenas el 15,5% de los ocupados, con especial impacto en sectores feminizados como educación, salud y administración pública. Según el informe, solo el 15% de los desocupados del primer trimestre de 2024 logró reinsertarse en un trabajo formal, mientras que el 35% terminó en condiciones desprotegidas, el 25% permaneció desocupado y otro 25% abandonó la búsqueda laboral.
El rostro más vulnerable de esta crisis es femenino y juvenil. En mujeres mayores de 66 años, la tasa de desprotección laboral aumentó un 14,6% en el último año, afectadas por la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y la salida del empleo público. Entre los jóvenes del GBA, más de la mitad de los ocupados menores de 26 trabaja en condiciones precarias, alcanzando 56,6% en mujeres y 57,4% en varones.
El informe del IAG advierte que estas tendencias no son transitorias: “La desprotección laboral no es un efecto colateral, sino un componente estructural del actual modelo económico”, señala. Según los especialistas, la persistencia de esta dinámica dejará consecuencias duraderas sobre la calidad de vida, la desigualdad y la cohesión social, consolidando un mercado laboral cada vez más fragmentado y regresivo.
