El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se ha convertido en el nuevo foco de un escándalo de proporciones nacionales. Intendentes, legisladores y exfuncionarios denuncian un presunto esquema de desfinanciamiento de hospitales públicos, la reasignación discrecional de fondos (cápitas) a clínicas privadas y la realización de contrataciones directas con la droguería Suizo Argentina, entidad que ya se encuentra bajo investigación en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La controversia se inició en la Costa Atlántica bonaerense, donde varios intendentes alertaron sobre la derivación de miles de afiliados del PAMI a prestadores privados, lo que ha provocado una grave escasez de recursos en los hospitales municipales. En Villa Gesell, el secretario de Salud, Jorge Villalba, declaró que el hospital local está perdiendo 12 millones de pesos mensuales debido al traslado de 1.000 jubilados a clínicas ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia.
La situación se agrava en General Madariaga, donde el intendente Esteban Santoro ha presentado una denuncia penal por asociación ilícita, cohecho y fraude a la administración pública. Según la denuncia, el hospital local habría perdido 3.000 cápitas en beneficio del Instituto Médico Madariaguense, que actualmente percibe más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, no se estarían prestando.
Situaciones similares se están reportando en Necochea, Pinamar y el Partido de La Costa. En todas estas localidades, los hospitales municipales sufren una merma en su financiamiento, mientras el PAMI abona traslados de jubilados a clínicas específicas, a pesar de que existen centros de salud públicos disponibles en cada distrito.
