Con la campaña electoral entrando en su tramo decisivo, las miradas vuelven a posarse sobre un aspecto que, más allá de lo anecdótico, revela mucho sobre quienes aspiran a ocupar bancas en el Congreso: sus declaraciones juradas patrimoniales.
La presentación de estos documentos ante la Oficina Anticorrupción —una obligación legal cuyo plazo venció el pasado 5 de septiembre— no solo expone las fortunas personales de los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, sino también las inconsistencias y omisiones que alimentan la desconfianza ciudadana y cuestionan el real compromiso con la transparencia.
Randazzo, Santilli y Taiana: el podio de los patrimonios
Según un relevamiento del sitio Chequeado, el candidato que declara el patrimonio más abultado es Florencio Randazzo (Provincias Unidas), con $3.184 millones. El exministro justifica este volumen por su participación en firmas privadas como La Grulla SA, Simétrica SA y El Gimnasio Platense SRL, junto con inversiones bursátiles que superan los $700 millones.
A eso se suman propiedades, una moto BMW y un Ford Falcon modelo 1972, cuya inclusión parece más simbólica que sustancial, pero contribuye a una narrativa de independencia económica respecto del Estado. Aun así, su fortuna lo ubica muy lejos del promedio ciudadano y deja abierta la pregunta sobre la acumulación patrimonial de figuras con largo recorrido en la función pública.
Detrás aparece Diego Santilli (La Libertad Avanza), quien declaró $691,1 millones, con un dato que sobresale: su departamento de 364 m² en la Ciudad de Buenos Aires, tasado en más de $599 millones. A esto se suman un automóvil, depósitos bancarios y participaciones en Sanfor Investments SA, empresa ligada al sector de la construcción.
La magnitud del patrimonio, en un candidato que ha ocupado diversos cargos ejecutivos, vuelve a encender el debate sobre la frontera —a menudo difusa— entre la política y el empresariado.
Completa el podio Jorge Taiana (Fuerza Patria), con $214,8 millones, un monto significativamente menor al de sus competidores, pero igualmente considerable. Taiana declaró dos departamentos comprados en los ‘90, un Volkswagen Bora y cuentas tanto en pesos como en dólares, incluyendo fondos en el exterior. Su perfil patrimonial refleja una trayectoria política extensa, con un crecimiento económico más moderado, aunque no exento de interrogantes sobre los ingresos acumulados a lo largo de las décadas.
El contraste: Nicolás del Caño, en el extremo opuesto
En el otro extremo del espectro aparece Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – PTS), con un patrimonio de apenas $5,8 millones. Declaró la mitad de una vivienda heredada en San Martín y modestos ahorros en moneda nacional. Fiel a su línea política, volvió a informar que dona gran parte de su salario legislativo a “fondos de huelga y trabajadores en lucha”. Más allá de las posturas ideológicas, su declaración refuerza la brecha patrimonial entre los candidatos y muestra un caso atípico dentro de una dirigencia acostumbrada a sostener —y aumentar— su capital en paralelo a sus carreras políticas.
Omisiones preocupantes: la transparencia en entredicho
Más inquietante que la magnitud de los patrimonios, sin embargo, es la falta de cumplimiento de algunos postulantes que, a pesar de la exigencia legal, no presentaron aún su declaración jurada. Entre ellos figuran Karen Reichardt (La Libertad Avanza), María Eugenia Talerico (Potencia) y Fernando Gray (Unión Federal).
En un contexto de creciente escepticismo social y deterioro institucional, estos incumplimientos no son detalles menores. Reflejan una cultura política donde la rendición de cuentas sigue siendo selectiva, y donde la legalidad se cumple más por obligación que por convicción. La ley establece con claridad que todos los candidatos a cargos nacionales deben presentar esta información ante la Oficina Anticorrupción para prevenir conflictos de interés, enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias. Pero en la práctica, los mecanismos de control son laxos, y las sanciones, casi inexistentes.
Un espejo incómodo de las desigualdades políticas
La provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón nacional, será un escenario clave en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados. En ese marco, conocer no sólo cuánto tienen, sino cuánto deciden mostrar quienes aspiran a representarnos, es más que una formalidad: es un examen de coherencia ética.
Porque en una Argentina marcada por la desigualdad y el descreimiento, los patrimonios de los candidatos funcionan como una radiografía brutal de las asimetrías entre representantes y representados. Una sociedad que se empobrece no puede mirar con indiferencia cómo sus dirigentes acumulan riqueza sin controles claros ni explicaciones convincentes. La transparencia, cuando es selectiva, deja de ser transparencia. Y se convierte en otro síntoma del problema.
