A pesar de las dudas que todavía persisten sobre su impacto final, lo cierto es que el Gobierno Nacional avanza hacia un nuevo y profundo cambio en el esquema de subsidios energéticos, una medida que promete volver a tensionar los bolsillos luego de un año marcado por aumentos muy por encima de la inflación. Desde el 1 de enero de 2026, las tarifas de luz, gas y garrafas volverán a subir en la mayoría de los hogares, como parte de una reestructuración que apunta a reducir el gasto público y continuar con el ajuste fiscal.
Según las proyecciones oficiales, unas 7.500.000 familias, alrededor del 45% de la población, dejarán de recibir subsidios, mientras que los 9.100.000 hogares restantes que mantendrán algún grado de ayuda estatal verán modificados los bloques de consumo subsidiables, que variarán según la estación del año. La decisión forma parte del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazará la segmentación aplicada desde 2022.
El Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es otorgar la asistencia “solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan”, y ya anticipó que el rediseño será sometido a consulta pública online en los próximos días. El Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es otorgar la asistencia “solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan”, y ya anticipó que el rediseño será sometido a consulta pública online en los próximos días. La meta fiscal es clara: reducir los subsidios energéticos del 0,65% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, lo que representaría un ahorro cercano a los 1.000 millones de dólares.
Uno de los cambios centrales será el fin de las categorías N1, N2 y N3, que daban cuenta de ingresos y niveles patrimoniales. Desde el año próximo solo existirán dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Quedarán excluidas automáticamente todas las familias con ingresos mayores a tres Canastas Básicas Totales, es decir, más de $3.641.397 por mes, además de quienes cuenten con tres o más vehículos menores a cinco años, tres propiedades, o posean embarcaciones o aeronaves de lujo.
Para los usuarios que mantengan la asistencia, el Gobierno fijará topes estacionales de consumo en electricidad: 300 kWh mensuales en verano e invierno, y 150 kWh en otoño y primavera. Esos bloques tendrán un descuento del 50% respecto del costo real de la energía, al que se sumará una bonificación extraordinaria del 25% en enero de 2026, que irá descendiendo progresivamente hasta desaparecer en diciembre. Hoy, el costo promedio del sistema eléctrico ronda los 75 dólares por MWh, monto que deberán afrontar completamente quienes pierdan el beneficio.
En cuanto al gas natural, se unificará el precio mayorista en 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año, reemplazando el esquema actual que es más barato en verano y más caro en invierno. Este aplanamiento implicará un incremento en los próximos meses, compensado parcialmente por la menor demanda estacional. Para quienes sigan dentro del programa, el Estado asumirá el 50% del costo entre abril y septiembre.
El Gobierno aclaró que no será necesario volver a inscribirse para conservar los subsidios, ya que se utilizarán las bases de datos existentes, aunque cada usuario tendrá la posibilidad de actualizar su información. En el caso de quienes consumen gas propano por redes o garrafas de GLP, deberán registrarse mediante el portal oficial si aún no figuran en el sistema.
Para las familias, el efecto será inmediato: según los cálculos oficiales, el 66% pagará menos de $44.000 por la luz en verano, mientras que el 81% desembolsará menos de $67.000. En materia de gas, durante el invierno el 56% afrontará facturas por debajo de los $14.000, y un 75% pagará menos de $56.000. Aun así, la preocupación generalizada es que el nuevo esquema deje nuevamente expuestos a los sectores medios y bajos, en un contexto donde el costo de los servicios públicos ya viene siendo una de las principales anclas del malestar social.
