Un grupo de directores del Puerto decidió avanzar en una maniobra que —según especialistas en derecho administrativo— no tiene antecedentes y bordea lo abiertamente escandaloso: se autoconvocaron para designar un presidente interino y un gerente general sin la participación de la Provincia, aun sabiendo que la ley bonaerense prohíbe de manera categórica ese movimiento.
La operación lleva la firma del gerente de Terminal Quequén, Daniel Arce, junto al representante de Coninagro, Juan Ouwerkerk, y los directores sindicales Carrillo y Gavilán, todos alineados políticamente con Sergio Massa. Su objetivo es transparente: tomar el control del Consorcio de Gestión del Puerto, un organismo estratégico para la exportación de granos, la economía provincial y la recaudación nacional.
Pero la jugada adquiere un matiz aún más polémico con el nombre elegido para la gerencia general: Pablo Aued, exconcejal de Juntos por el Cambio en Necochea, sin experiencia portuaria y con un salario proyectado superior a los 20 millones de pesos mensuales. Dentro del sector, crece el consenso de que su eventual designación responde más a vínculos personales y conveniencias políticas que a méritos técnicos.
En La Plata, la reacción fue inmediata. Fuentes del gobierno provincial advierten que sólo el gobernador puede nombrar al presidente del Puerto; la autoconvocatoria es jurídicamente inválida y cualquiera de sus resoluciones será nula y los directores que insistan podrían enfrentar denuncias civiles y penales.
Incluso circula una alternativa extrema que hasta hace poco parecía impensada: la intervención del Consorcio de Gestión de Quequén si el conflicto escala.
¿Por qué tanta preocupación? Porque Quequén no es un puerto más: es uno de los nodos agroexportadores más relevantes del país, pieza clave para el ingreso de divisas. Y un descalabro institucional de esta magnitud podría encarecer costos logísticos, entorpecer embarques y poner en jaque la campaña fina.
Mientras tanto, cooperativas, navieras y exportadoras observan con inquietud cómo un grupo minoritario intenta imponer una conducción bajo sus propias reglas, comprometiendo la estabilidad de un puerto que mueve miles de millones de dólares al año.
Lo que ocurre en Quequén dejó de ser un conflicto local. Es una pulseada de poder que amenaza con sentar un precedente riesgoso para toda la red portuaria argentina.
La verdadera pregunta ahora es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar… y cómo responderá la Provincia que lidera Axel Kicillof?
