El Gobierno argentino presentó un proyecto de ley en el Congreso que modifica la Ley Nacional de Glaciares N°26.639. Según sus defensores, la medida busca “proteger el ambiente sin obstaculizar el desarrollo humano” y fortalecer el papel de las autoridades provinciales en la evaluación de impactos ambientales. La Oficina del Presidente enfatiza que esto representa una “reforma de federalismo ambiental” en respuesta a las demandas de las provincias que forman parte de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre.
Los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan han impulsado esta iniciativa, tras reunirse con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete para alcanzar acuerdos que faciliten la aprobación del Presupuesto 2026, así como reformas laborales y tributarias. La administración de Javier Milei ha criticado la ley vigente desde 2010, señalando “graves falencias interpretativas” que han generado “inseguridad jurídica”, paralizando inversiones y afectando las competencias provinciales sobre recursos naturales.
Las modificaciones propuestas podrían poner en riesgo la protección de glaciares y áreas periglaciares, esenciales para el almacenamiento de agua y la regulación del clima. Organizaciones ambientalistas y científicos han manifestado su inquietud por el impacto que podría tener en la biodiversidad y el suministro de agua para millones de personas.
Desde el Gobierno, se sostiene que la reforma otorgará “seguridad jurídica” a las inversiones y fomentará el desarrollo económico en zonas protegidas. Sin embargo, los críticos advierten que esta propuesta podría favorecer a empresas mineras y petroleras en detrimento del medio ambiente.
