A lo largo de todo 2025, los docentes universitarios concretaron un total de once paros nacionales y numerosas jornadas de protesta en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, en un conflicto que se sostiene desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023, y que tiene como principales ejes la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el recorte presupuestario, la falta de paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Es preciso mencionar que, el plan de lucha de los docentes universitarios comenzó desde las primeras semanas del ciclo lectivo 2025, ya que en marzo, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales anunció un paro nacional para los días 17 y 18, que estuvo acompañado por una masiva movilización el día 19 junto a las jubiladas y jubilados, que se acercaron cada miércoles al Congreso para reclamar un incremento de sus pensiones.
La definición de los primeros dos paros del 2025 se realizó tras una reunión en la sede de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), atravesada por el clima de tensión política tras la represión ocurrida en las inmediaciones del Congreso a los adultos mayores. Allí, el secretario de Organización, Federico Montero, sostuvo que “todos los sindicatos de las universidades públicas están en un contexto signado por la violencia institucional”, y remarcó la solidaridad con quienes fueron víctimas de la represión, que supo repetirse en las movilizaciones por la educación pública.
Tras el alto nivel de adhesión al paro de marzo, en abril el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU resolvió profundizar las medidas de fuerza, y decidió adherir al paro general convocado por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 del mismo mes. Además, los docentes universitarios impulsaron nuevas huelgas de 48 y 72 horas hacia fines de mes, en coincidencia con el aniversario de la primera gran Marcha Federal Universitaria de 2024.
En ese marco, Carlos De Feo, que por entonces era secretario general de CONADU, advirtió que “la paritaria no existe y cada mes que pasa se aleja más la posibilidad de una recomposición salarial real”, y señaló que la bronca de los docentes universitarios creció por el derrumbe del salario y la salida de los trabajadores del sistema.
El conflicto volvió a intensificarse a fines de abril, cuando los docentes concretaron nuevas medidas de 48 horas con clases públicas, jornadas de visibilización y un paro sin asistencia a los lugares de trabajo el 23 de abril, a un año de la histórica movilización universitaria. Estas acciones se realizaron mientras continuaba la falta de convocatoria a paritarias y la inflación erosionaba los ingresos, muy por encima de las previsiones oficiales del Gobierno nacional.
En mayo, la protesta se expresó con fuerza en la UNLP, donde docentes universitarios y no docentes realizaron ceses de actividades, volanteadas y ollas populares frente al Rectorado. La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), junto a ATULP y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), impulsaron además un paro total el 23 de mayo, que paralizó facultades y áreas administrativas, con un reclamo que incluyó no solo salarios, sino también el ajuste presupuestario, la reducción de becas, la paralización de obras y la suspensión de ingresos al CONICET, problemas que afectan el funcionamiento cotidiano de la educación superior.
En junio, el Plenario de CONADU resolvió profundizar el plan de lucha ante el anuncio oficial de que el sector público nacional no recibiría aumentos salariales. Se definieron nuevos paros de 48 horas para los días 11 y 12, y otra medida similar hacia fines de mes, junto con la propuesta de una Marcha Nacional Universitaria y una campaña federal de recolección de firmas en apoyo a una ley que repare la pérdida salarial y presupuestaria. En paralelo, sindicatos no docentes acompañaron estas acciones con medidas de fuerza complementarias, que reclamaron también la reapertura de paritarias y recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades.
Durante el segundo semestre, el conflicto entre los docentes universitarios y Milei se volvió aún más prolongado: en agosto se desarrolló un paro universitario bajo la consigna “Basta de salarios bajo la línea de pobreza”, seguido por jornadas semanales de protesta y paros rotativos en agosto y septiembre. Estas acciones tuvieron como eje la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto que el Gobierno anticipó sobre esa norma, con movilizaciones frente al Congreso y al Palacio Pizzurno.
En septiembre, tras el veto presidencial a la mencionada Ley, docentes universitarios convocaron a un paro nacional el viernes 12, acompañado por protestas frente al Ministerio de Educación. En octubre, ante la dilación del Ejecutivo en promulgar y ejecutar la Ley 27.795, la CONADU definió nuevas jornadas de paro y visibilización los días 21 y 22, seguidas de un paro de 72 horas entre el 12 y el 14 de noviembre, que incluyó una importante advertencia sobre cómo podría afectarse el inicio del ciclo lectivo 2026 si no se aplicaba la ley y no se abrían paritarias.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno libertario llegó a diciembre con un paro de una semana en rechazo a la negativa de Milei de actualizar los salarios y cumplir con la Ley de Financiamiento. De acuerdo a los datos recolectados por la CONADU Histórica, la suspensión de la actualización prevista por decreto implicó congelar básicos que deberían haber aumentado más del 40%. Así, la federación denunció que, durante la gestión de Milei, la docencia universitaria perdió casi el 50% de su poder adquisitivo, y que los salarios quedaron por debajo de la línea de pobreza.
De esta manera, docentes universitarios, no docentes y estudiantes confluyeron en un extenso calendario de protestas que convirtió al 2025 en uno de los años de mayor conflictividad entre los gremios que nuclean a los trabajadores de las casas de estudio y el Ejecutivo nacional, con once paros nacionales y una disputa abierta contra el ajuste del Gobierno.
