Mediante el decreto municipal N° 2098 y a través de una compra directa, el Municipio, liderado por Gustavo Barrera, adquirió una barredora de arrastre por un monto de 27.936.000 pesos, sin mediar licitación pública. La operación se realizó bajo el amparo de la emergencia económica y financiera vigente.
Según consta en la documentación, la máquina adquirida no es nueva, sino usada y reacondicionada, un dato relevante si se considera el valor abonado. Se trata de un equipo con uso previo, cuya vida útil y condiciones reales no fueron contrastadas públicamente con otras alternativas del mercado.
La compra se autorizó cuando la emergencia económica tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, apenas cinco días después de la fecha del decreto. Ese plazo habilitaba, al menos formalmente, la posibilidad de iniciar un proceso licitatorio que permitiera comparar precios, condiciones y estado de los equipos disponibles.
Según destaca FM La Villa, el punto central del debate, no se limita al mecanismo de adquisición ni al estado del bien. La cuestión de fondo es la necesidad de la compra. El servicio de barrido y limpieza ya estaría incluido en el contrato de la empresa Santa Elena, concesionaria del servicio, que además recibió incrementos significativos en sus ingresos durante los últimos meses.
En ese contexto, la incorporación de una barredora propia plantea interrogantes sobre la superposición de funciones, la planificación del gasto público y la eficiencia en el uso de recursos, especialmente en un escenario de restricciones presupuestarias y emergencia declarada.
