La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) resolvió por unanimidad profundizar las medidas de fuerza. En una asamblea masiva, los trabajadores decidieron que no volverán a las aulas hasta que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que, pese a estar vigente y contar con respaldo judicial, sigue sin aplicarse de manera efectiva.
El reclamo central es la actualización de los salarios y de los gastos de funcionamiento de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece la ley conquistada en 2025. Los docentes denuncian una deuda salarial del 51%, producto de la brecha entre los aumentos unilaterales del Ejecutivo y la inflación acumulada en los últimos meses.
Hacia una huelga general universitaria
El plan de acción no se limita al cese de actividades. El texto aprobado por los docentes establece una escalada que incluye:
- Movilizaciones regionales y una nueva marcha federal educativa.
- Cortes de calle y permanencias en facultades y colegios preuniversitarios.
- Instalación de gazebos y clases públicas para visibilizar el conflicto en la vía pública.
- La propuesta de llevar este mandato al congreso de la federación (CONADU Histórica) para nacionalizar la huelga por tiempo indeterminado.
Desde el gremio fueron categóricos: la situación es insostenible. La “naturalización del trabajo mal pago” está provocando un vaciamiento de las universidades públicas, ya que muchos profesionales se ven obligados a abandonar la docencia ante la imposibilidad de llegar a fin de mes. El conflicto, que amenaza con paralizar por completo el inicio del ciclo lectivo 2026, queda ahora supeditado a una respuesta del Gobierno que, hasta el momento, solo ha propuesto modificaciones a la ley para recortar fondos.
