El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, con el propósito de depurar el marco legal vigente mediante la eliminación de disposiciones consideradas obsoletas o sin aplicación concreta. La iniciativa apunta a ordenar el sistema normativo y disminuir la superposición de regulaciones dentro del Estado nacional.
La propuesta, presentada formalmente ante el Parlamento, contempla la derogación de unas 70 leyes que, según el oficialismo, resultan incompatibles con la Constitución o generan obstáculos innecesarios para el desarrollo de actividades sociales y económicas.
El plan es promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarca dentro de una agenda más amplia de reformas.
Entre ellas, se destacan iniciativas vinculadas a cambios laborales y modificaciones en el régimen penal, como la baja de la edad de imputabilidad. Desde el Ejecutivo sostienen que muchas de las normas vigentes entorpecen el funcionamiento estatal y limitan derechos sin fundamentos actuales.
Dentro del proyecto se incluyen regulaciones antiguas, como aquellas relacionadas con la microfilmación de documentos militares, habilitaciones para la televisión a color o requisitos administrativos para actividades que ya no existen. Además, se propone revisar leyes que sancionan denuncias en organismos internacionales o que permiten controles sobre reuniones privadas.
La iniciativa también prevé la eliminación de estructuras estatales sin actividad, fondos inactivos y beneficios sectoriales específicos. Según el Gobierno, el objetivo final es fortalecer la libertad individual y reducir la injerencia estatal en la vida cotidiana.
