La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a implementar la Ley de Financiamiento Universitario. De este modo, le dio la razón al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había presentado el reclamo en octubre del año pasado, tras el veto presidencial a la norma aprobada por el Congreso.
En los hechos, el fallo deja firme la cautelar dictada en primera instancia, que había sido apelada por la administración nacional. Así, el Ejecutivo queda sin margen para evitar la aplicación de la ley, que deberá implementarse tal como fue sancionada y ratificada por el Congreso. En particular, el Gobierno deberá avanzar en los artículos vinculados a la actualización y recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales.
Se trata de un nuevo revés judicial para la gestión libertaria, que se suma a la reciente cautelar que suspendió gran parte de la reforma laboral. En esta oportunidad, el juez Jorge Morán sostuvo que el Estado nacional “no ha logrado rebatir el fundamento central” de la resolución apelada, especialmente en lo referido a la verosimilitud del derecho invocado.
Cabe recordar que el principal argumento del Gobierno para vetar la norma era la falta de previsión presupuestaria para afrontar el gasto adicional, un requisito legal. Sin embargo, el magistrado planteó un interrogante clave: si el Poder Ejecutivo puede sostener la suspensión de una ley del Congreso basándose en otra norma previa del mismo origen. A la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la respuesta es negativa.
En este contexto, y en medio del paro docente universitario convocado para toda la semana, la decisión judicial obliga al Estado a avanzar con la recomposición salarial conforme lo establece la ley. Resta ahora observar cómo responderá la Casa Rosada ante un fallo adverso que, en cierta medida, ya preveía, dado que desde hace meses impulsa cambios en el esquema de financiamiento universitario.
