Un proyecto de ley que busca establecer la Educación Digital Integral (EDI) como obligatoria en el sistema educativo bonaerense ingresó a la Cámara de Diputados, impulsado por el bloque Unión y Libertad. La iniciativa propone garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a una formación sistemática que les permita comprender, utilizar y cuestionar las tecnologías digitales en su vida cotidiana.
El texto, firmado por el presidente del bloque, Martín Rozas, plantea que la educación digital debe ser reconocida como un derecho y abordada de manera transversal en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas. En ese marco, promueve la alfabetización digital, el desarrollo de ciudadanía digital y el bienestar en entornos virtuales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de contenidos vinculados a problemáticas actuales que atraviesan a las juventudes en el mundo digital, como el grooming, el ciberacoso, la ludopatía online, la adicción a las pantallas y la circulación de discursos de odio. Según detalla la iniciativa, estos temas deberán abordarse mediante estrategias pedagógicas específicas y acciones preventivas dentro del ámbito escolar.
El programa también contempla la creación de un esquema provincial de Educación Digital Integral que incluya capacitación docente obligatoria, actualización de los diseños curriculares y producción de contenidos educativos acordes a los nuevos desafíos tecnológicos. A esto se suman campañas de concientización dirigidas a la comunidad en general.
En paralelo, el proyecto incorpora contenidos relacionados con la inteligencia artificial, la programación y la producción digital, desde una perspectiva crítica y participativa. El objetivo es que los estudiantes no solo consuman tecnología, sino que comprendan sus lógicas, riesgos y potencialidades.
Rozas sostuvo que, pese a la masificación del uso de dispositivos entre los jóvenes, el sistema educativo aún no logra garantizar una formación integral en este campo. En ese sentido, señaló que la propuesta apunta a cubrir ese vacío mediante una política pública estructural que articule educación, tecnología y derechos, adaptando la escuela a las demandas de la era digital.
La iniciativa también asigna a la autoridad de aplicación la responsabilidad de implementar el programa, desarrollar infraestructura tecnológica y garantizar el acceso a dispositivos para estudiantes y docentes, un aspecto clave para reducir la brecha digital.
