Luego de que el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, presentara un proyecto de ley para cobrar la atención médica y el acceso a la universidad pública a extranjeros no residentes en la provincia de Buenos Aires, distintos sectores salieron a fijar posición. Entre ellos, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó un fuerte rechazo a la iniciativa.
A través de sus redes sociales, el funcionario del gobernador Axel Kicillof cuestionó el intento de reinstalar el arancelamiento de la salud pública como respuesta a los cuestionamientos sobre el uso de los servicios estatales por parte de ciudadanos extranjeros.
La propuesta establece que los hospitales públicos puedan cobrar las prestaciones médicas a extranjeros transitorios o con residencia precaria. Además, prevé el cobro de tasas a estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente para acceder a las universidades públicas bonaerenses.
La iniciativa se enmarca en una agenda que La Libertad Avanza impulsa para debatir el destino de los recursos estatales. El tema cobró impulso tras una serie de publicaciones en redes sociales realizadas por algunos ciudadanos extranjeros luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial de Clubes.
Desde el oficialismo bonaerense, sin embargo, sostienen que el proyecto responde principalmente a una disputa política y discursiva, ya que los datos oficiales muestran que la utilización del sistema público de salud por parte de extranjeros no residentes es marginal.
En materia educativa, la propuesta enfrenta un límite institucional. Las universidades nacionales cuentan con autonomía y autarquía, por lo que cualquier modificación del régimen vigente debería debatirse en el Congreso de la Nación, donde hasta el momento no existen proyectos similares.
Si bien la iniciativa también alcanza a instituciones públicas bonaerenses, la mayor parte del sistema universitario depende del Estado nacional y se encuentra regulada por la Ley de Educación Superior (N.º 24.521).
En el ámbito sanitario, la Provincia sí posee facultades para legislar, aunque el proyecto también enfrenta dificultades para prosperar en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo cuenta con respaldo suficiente para bloquear este tipo de iniciativas.
En ese contexto, el planteo libertario aparece más como una bandera política para instalar el debate sobre el financiamiento de los servicios públicos que como una reforma con posibilidades concretas de aplicación inmediata.
Para fundamentar su rechazo, Kreplak citó un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria en 2024 sobre el uso del sistema público de salud por parte de extranjeros no residentes.
De acuerdo con ese estudio, durante 2023 la provincia de Buenos Aires registró más de 1,4 millones de consultas, de las cuales apenas el 0,2% correspondieron a extranjeros no residentes. En cuanto a las internaciones, ese grupo representó el 0,81% del total.
Con esos datos, el ministro sostuvo que el arancelamiento no resolvería los problemas presupuestarios del sistema sanitario y que la discusión responde a una definición política sobre el modelo de salud pública más que a una necesidad de financiamiento.
“Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto”, afirmó Kreplak, quien insistió en que el verdadero debate no pasa por el uso del sistema por parte de extranjeros, sino por el rol del Estado como garante del acceso universal a la salud.
De esta manera, una nueva voz se suma al intenso debate que generó el polémico proyecto impulsado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.