La Justicia Penal de La Plata atraviesa una fuerte controversia a partir de denuncias cruzadas entre integrantes de la Cámara de Apelaciones y Garantías. El camarista Raúl Dalto denunció a sus colegas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard por la presunta elaboración de una resolución paralela que habría modificado su voto.
La investigación está a cargo de la UFI 3 de La Plata, encabezada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic. Una pericia informática realizada sobre el sistema judicial bonaerense detectó 18 intervenciones sobre el documento cuestionado antes de que Dalto firmara la resolución original, además de firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones vinculadas con su voto.
Para el camarista, la secuencia registrada no sería compatible con un simple error administrativo o tecnológico. Tras conocerse la pericia, la denuncia fue ampliada y se incorporó la posible comisión del delito de prevaricato. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante la confección de las resoluciones y qué conocimiento tenían las magistradas sobre la situación procesal de la causa.
El expediente se originó en una disputa por terrenos ubicados en City Bell y Los Porteños, vinculada con el desarrollo inmobiliario Clementina II. La familia Carrizo sostiene que posee esos terrenos desde hace décadas y denunció actos destinados a desplazarlos del lugar.
El conflicto tuvo además una derivación en la Justicia Civil, donde se dictaron medidas favorables a la posesión reclamada por Luis Leopoldo Carrizo. En paralelo, continuó una causa penal por usurpación que llegó a la Sala I de la Cámara Penal platense.
En ese ámbito se había dispuesto la restitución inmediata del inmueble y un plazo de 72 horas para concretar el desalojo. Sin embargo, posteriormente el fiscal Patricio Barraza concluyó que la causa estaba prescripta, al considerar que el último acto interruptivo había ocurrido el 3 de agosto de 2021 y que ya habían transcurrido los tres años establecidos por la ley.
El juez de Garantías Pablo Raele tampoco ejecutó directamente el desalojo y devolvió la cuestión a la Cámara al considerar que existían impedimentos legales para concretarlo.
La investigación deberá establecer ahora si existieron irregularidades en la confección de las resoluciones, cuál fue el alcance de las modificaciones detectadas y si las magistradas conocían la presunta prescripción de la causa al momento de disponer el desalojo.
Esta situación se originó a raíz de que el juez, el pasado 31 de agosto mandó a investigarlas por asociación ilícita y tráfico de influencias, denuncia que corre ante la UFI N° 2 de Betina Lacky bajo IPP 44.897/26.
Por el momento, se trata de hechos denunciados que están bajo investigación y no de una condena contra las magistradas.
Inician un jury contra el camarista Raúl Dalto
En paralelo al expediente contra las juezas, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso iniciar la etapa preliminar para conformar el Jurado de Enjuiciamiento que deberá analizar la situación del camarista Raúl Dalto.
Según fuentes judiciales, sobre el magistrado pesarían varias denuncias vinculadas con supuestas conductas impropias de su función, la mayoría relacionadas con mujeres.
En este marco, se convocó a las partes para el 9 de septiembre a las 10, cuando se realizará en la Vicepresidencia de la Suprema Corte un sorteo público para seleccionar cinco abogados titulares y tres suplentes que integrarán el órgano encargado del proceso de jury.
Posteriormente, se deberá completar la conformación del Jurado con los legisladores correspondientes.
De este modo, la Cámara Penal de La Plata quedó atravesada por dos procesos paralelos: por un lado, la investigación sobre la presunta resolución “melliza” y las denuncias contra dos juezas; por otro, el procedimiento para determinar la situación del camarista que realizó la denuncia.