El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró este martes la inconstitucionalidad del decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso en 2025. Además, ordenó al Ejecutivo implementar de manera integral las disposiciones previstas en la norma.
Aunque la ley había sido promulgada oficialmente en octubre del año pasado, el Gobierno no avanzó con su aplicación. Como argumento, sostuvo que el Congreso había establecido mejoras salariales y modificaciones presupuestarias sin determinar las partidas específicas destinadas a cubrir esos gastos, lo que, según el Ejecutivo, entraba en conflicto con la Ley de Administración Financiera.
El juez Martín Cormick cuestionó ese mecanismo y sostuvo que la decisión del Gobierno constituyó una vía “extraconstitucional” para impedir la aplicación de una ley vigente.
El magistrado resolvió además unificar dos causas que habían sido presentadas por separado: una acción de amparo colectivo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Con el fallo, la Justicia Federal ordenó al Gobierno avanzar sin demoras con el cumplimiento de la legislación y garantizar los recursos previstos para salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el sistema universitario, la aplicación de la ley podría representar una recomposición salarial de alrededor del 30% para los trabajadores docentes.