El presidente Javier Milei celebró el sobreseimiento dictado a su favor en la causa $LIBRA y lanzó una dura ofensiva contra periodistas, medios de comunicación y dirigentes opositores, a quienes acusó de haber impulsado una operación política y mediática para desprestigiarlo e incluso intentar desplazarlo del Gobierno.
La reacción se produjo luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera desvincular penalmente al mandatario, a su hermana, Karina Milei, y a otros nueve imputados de la investigación por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda que el propio Presidente promocionó en febrero de 2025.
“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”, escribió Milei en su cuenta de X. En el mismo mensaje, reivindicó la decisión judicial y aseguró que quedó al descubierto lo que definió como una “tremenda operación política y mediática”.
El mandatario sostuvo que la resolución demuestra el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y acusó a sectores de la oposición de haber utilizado la investigación con fines golpistas, con la expectativa de desplazar al oficialismo y recuperar privilegios.
De la celebración judicial al ataque contra la prensa
Lejos de limitarse a destacar el resultado del expediente, Milei dirigió sus cuestionamientos contra distintos periodistas que investigaron o abordaron públicamente el caso. Entre ellos mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, a quienes calificó como “mercenarios de la mentira” y “fabricantes seriales de operaciones”.
También apuntó contra el Grupo La Nación, al que atribuyó un supuesto intento de extorsión relacionado con cuestiones impositivas, aunque no presentó documentación que respaldara esa acusación en su publicación.
“¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?”, preguntó el Presidente antes de cerrar su mensaje con una reivindicación de la verdad y del pronunciamiento judicial.
Las expresiones del mandatario trasladaron nuevamente la controversia desde el terreno judicial hacia la confrontación política y mediática. La causa mantuvo bajo investigación durante más de un año y medio su participación en la difusión de un activo financiero que terminó provocando importantes pérdidas a sus compradores.
Qué resolvió la Justicia y cuáles fueron sus argumentos
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de los once imputados a partir de un pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano. La resolución alcanzó, además de Javier y Karina Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Sergio Morales y otros involucrados en la operatoria.
La investigación se inició después de que el Presidente promocionara la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025. Tras esa publicación, el valor del activo registró una suba acelerada y posteriormente se desplomó, lo que dejó a miles de inversores con pérdidas económicas.
En su resolución, el magistrado consideró que no se acreditó una maniobra engañosa penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa ni los elementos necesarios para sostener las restantes figuras penales investigadas, entre ellas abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo señaló que la promoción presidencial pudo haber otorgado una visibilidad particular a la criptomoneda, pero sostuvo que esa circunstancia, sumada a la posterior caída de su cotización, no bastaba por sí sola para demostrar la existencia de un delito.
La decisión se adoptó sin que los imputados fueran convocados a prestar declaración indagatoria y después del apartamiento de los inversores que habían sido admitidos como querellantes.
La controversia judicial continúa
Pese a la celebración presidencial, la controversia judicial no está completamente despejada. La Cámara Federal de Casación Penal todavía debe pronunciarse sobre recursos vinculados con la exclusión de los damnificados que pretendían intervenir como querellantes.
Esa definición es relevante porque podría incidir en las posibilidades de cuestionar el sobreseimiento dispuesto por Martínez de Giorgi.
El pronunciamiento también generó críticas de sectores opositores, que cuestionaron el cierre de la investigación, la existencia de medidas probatorias pendientes y la decisión de apartar a quienes denunciaron haber sufrido perjuicios económicos.
Así, mientras Milei presenta el fallo como una reivindicación personal y política, persisten los cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación y el lugar de los damnificados en el proceso judicial.