La situación ambiental de Miramar volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que el Consejo de Química de la provincia de Buenos Aires denunciara que un basural a cielo abierto continúa funcionando pese a existir una orden judicial de cierre definitivo.
La entidad profesional reclamó la intervención urgente del municipio de General Alvarado, conducido por el intendente Sebastián Ianantuony, y advirtió que la acumulación de residuos sin un tratamiento adecuado puede comprometer tanto la salud de la población como las condiciones ambientales de la zona.
El pronunciamiento se produjo después de la difusión de un informe televisivo que expuso presuntos incumplimientos de la normativa ambiental y señaló la posible existencia de un segundo vertedero clandestino en el barrio Las Flores. Según las denuncias difundidas, allí se habrían realizado descargas de residuos mediante camiones municipales.
Frente a este escenario, el Consejo reclamó explicaciones y medidas concretas para evitar que la problemática se profundice, especialmente por las consecuencias que puede generar la acumulación de basura sin mecanismos adecuados de disposición final.
Riesgos para el agua, el suelo y la salud
“Los basurales a cielo abierto constituyen focos de contaminación que pueden comprometer gravemente la salud pública y el equilibrio ambiental”, advirtió la Mesa Directiva de la institución al referirse a los peligros asociados a este tipo de instalaciones.
Entre los principales riesgos identificados se encuentra la generación de lixiviados, líquidos que se producen durante la descomposición de los residuos y que pueden infiltrarse en el suelo y alcanzar fuentes de agua. A esto se suma la liberación de gases que afectan la calidad del aire y la posible presencia de metales pesados y otras sustancias tóxicas.
La entidad remarcó que los efectos de una disposición inadecuada de residuos no necesariamente desaparecen cuando cesa la actividad del predio. Por el contrario, pueden persistir durante años si no se implementan medidas de recuperación y vigilancia ambiental.
Por ese motivo, los profesionales insistieron en que el cierre definitivo de un basural debe estar acompañado por tareas de saneamiento, monitoreo permanente y controles técnicos que permitan detectar posibles procesos de contaminación.
Una responsabilidad que continúa después del cierre
El Consejo recordó que la Resolución provincial 1143/02 establece obligaciones de mantenimiento y control de los rellenos sanitarios durante los 30 años posteriores a su cierre. La normativa refleja la necesidad de sostener políticas de prevención ambiental a largo plazo.
Además, reclamó impedir la formación de nuevos vertederos clandestinos e implementar mecanismos eficientes de separación, tratamiento y disposición final de los residuos urbanos, bajo criterios sanitarios y ambientales.
La entidad también vinculó sus advertencias con antecedentes como el basural La Quema, en Luján, donde estudios periciales identificaron sustancias contaminantes en distintos componentes del ambiente.
El reclamo vuelve a poner en discusión la gestión de los residuos en General Alvarado y la necesidad de garantizar controles, saneamiento y una disposición final adecuada para evitar consecuencias ambientales y sanitarias.