Sin ningún tipo de dudas, el año pasado estuvo marcado por el coronavirus, la cuarentena y ya sobre el final la esperanza con la llegada de la vacuna. La pandemia se llevó todos los esfuerzos de un Gobierno que había comenzado su gestión con varios problemas para resolver por delante y algunos escollos difíciles de sortear en sus primeros contactos con la oposición.
El 2020 inició con una dificultad arrastrada desde el 2019 y que Axel Kicillof no pudo torcer a su favor: la votación de la Ley Impositiva. En esa discusión ya lejana durante el mes de enero, el bloque de Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en el Senado y arrastró al oficialismo a ceder en sus pretensiones de recaudación, perdiendo ingresos millonarios.
Las conversaciones habían arrancado en diciembre y tuvo dos sesiones fallidas en la Cámara Alta, en las que la oposición con el apoyo de los intendentes del PRO, exigió que se modificaran algunos artículos, algo que no estaba previsto de antemano, lo que significó una pérdida de $10 mil millones con relación al proyecto original.
Quién se hubiera imaginado que la situación del gobierno provincial se complicaría muchísimo más y la recaudación se vería afectada en una magnitud mayor por la llegada de una pandemia. A mediados de marzo, el presidente de la Nación Alberto Fernández decidió iniciar una extensa e inédita cuarentena en nuestro país para frenar el avance del Covid-19.
Esa resolución temprana y obligada, sirvió para que en muchas regiones de la Argentina se reforzara un sistema de salud diezmado. Lógicamente, la provincia de Buenos Aires no escapó a ello y durante los meses siguientes, se destinó una enorme cantidad de fondos para comprar respiradores, instalar camas de terapia intensiva y apuntalar los hospitales.
La lucha contra el coronavirus exigió también la contratación de más personal médico y las consecuencias que el confinamiento masivo produjo en la economía, exigió a Kicillof planificar una distribución de dinero para los más necesitados. De esta forma, sumado al Ingreso Familiar de Emergencia pensado por Nación, se planificó una ayuda financiera para los sectores más vulnerables.
Pero en el medio de esa batalla surgió un conflicto que ningún funcionario pudo prever y que llenó de preocupación al arco político oficialista. Fue una madrugada cuando los efectivos de la Policía Bonaerense rodearon la Casa de Gobierno como medida de protesta para exigir un aumento salarial acorde a las tareas que desarrollan a diario.
Para que el reclamo tuviera una repercusión mayor, los patrulleros de la fuerza también se hicieron presentes en la Quinta de Olivos, en Vicente López, donde reside Alberto Fernández. Fueron tres jornadas de máxima tensión, en las que se rumoreó que la movilización de los uniformados estaba armada y fogoneada por la oposición para marcarle la cancha al gobernador y al presidente. También se pensó en la posibilidad de la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, algo que finalmente no ocurrió.
Esa protesta policial llevó a una decisión política del gobierno nacional que trajo aparejada una serie de críticas. Es que Alberto Fernández debió interceder y para que en conflicto tenga una pronta solución, resolvió transferir fondos para que Kicillof pueda afrontar ese pedido y lo hizo devolviéndole el punto de coparticipación que Mauricio Macri le había traspasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta.
Esto tensionó aún más la relación entre ambos mandatarios separados por la General Paz, que en todo este año mostraron serias diferencias a la hora de encarar las cuestiones comunes en la que están inmersos. Sin embargo, el gobernador celebró esa medida y luego de que se tratara en el Congreso, contará con unos ingresos que la Provincia necesita para resolver los problemas de fondo.
Otro de los momentos más críticos fue cuando se desalojó la toma de terrenos en Guernica, con un violento operativo encabezado por la fuerza provincial y que estuvo cargado de reclamos contra el propio Berni. Fueron varias semanas de diálogo y tensión, de intentos de solución e intervención del ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque y la culminación fue un procedimiento lleno de errores.
La represión con balas de goma y la quema de las precarias casillas instaladas en el predio terminó siendo una bomba de tiempo que explotó y provocó malestar en vastos sectores de la sociedad, incluida el ala más progresista del Frente de Todos. Pero principalmente, los cruces más fuertes fueron con los dirigentes de la Izquierda, a quienes desde el peronismo acusaron de interceder para que las familias no llegaran a un acuerdo con el gobierno.
Ya con todos estos problemas resueltos en su menor medida, pero resueltos al fin; con la merma de contagios en el Área Metropolitana y la temporada iniciada, llegó el agua en el desierto para el Ejecutivo, cuando a mediados de diciembre pudo obtener sin demasiados sobresaltos la aprobación en la Legislatura del Presupuesto 2021, acompañado de la Ley Impositiva para el año próximo.
Lo último fue la llegada de la Sputnik V y el comienzo del plan de vacunación que contó con el propio Kicillof siendo uno de los primeros en recibir la vacuna rusa. De esta manera, se puso en marcha un operativo sin precedentes que tiene como objetivo final la esperanza de volver a la vieja normalidad con la reducción de casos de coronavirus a una ínfima porción de la población.
Al afrontar el primer año de gestión en la provincia, el gobernador tuvo la suerte y la desgracia de la aparición del coronavirus: la desgracia porque postergó algunos de sus planes para levantar lo que él mismo denominó como la “tierra arrasada” que dejó María Eugenia Vidal y la suerte porque todos los análisis que se hagan sobre sus fallos deberán estar marcados por la situación excepcional que le tocó atravesar a modo de justificación.
El 2020 se terminó y el 2021 pone primera. La vara está muy baja y será difícil que el año que inicia sea peor que el anterior, pero en política nada está asegurado.
(*) Informe semanal de DixitP.
