Salarios licuados: estatales presionan a Kicillof para reabrir paritarias
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires presentó un pedido para negociar salarios al Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por el ministro Walter Correa. La solicitud del gremio se da tras el aumento logrado en marzo del 13.5%.
Para oficializar el reclamo, desde el gremio que conduce Claudio Arévalo a nivel provincial aseguraron que “dicho pedido obedece a la imperiosa necesidad de continuar haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los y las trabajadores del estado provincial, en un contexto de ajuste brutal impuesto por el gobierno Nacional de Javier Milei”.
También solicitaron la continuidad de las mesas técnicas acordadas con el objetivo de “seguir atendiendo las demandas a resolver en los distintos sectores de la administración pública provincial”.
Días atrás el Gobierno de la provincia de Buenos Aires reunió a referentes de distintos gremios a fines de dar a conocer el estado financiero de la Provincia.
En dicho encuentro el encargado de la cartera de Economía, Pablo López, advirtió a los presentes que la situación es “compleja” y no hay «certezas» sobre si los próximos ofrecimientos salariales puedan superar la inflación.
Este llamado a paritarias se da también en el medio de la ola de despidos hacia los trabajadores del sector público. En varias entidades no hubo renovación de contrato y desde el gremio contabilizan más de 11.000 despidos en organismos estatales.
Arévalo, se refirió acerca de la necesidad de un nuevo acuerdo salarial: “Tanto la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias del país, deben sufrir los ajustes discrecionales y arbitrarios llevados a cabo por el ejecutivo nacional a quien no le importan los trabajadores y trabajadoras”.
En esa sintonía, el dirigente añadió que desde su organización seguirán “peleando por garantizar los derechos de nuestros compañeros y compañeras que todos los días desarrollan las tareas y funciones indispensables que el Estado garantiza para millones de personas, principalmente para los sectores más afectados por la crisis actual”.