Casanello citó a indagatoria a Eduardo Belliboni y referentes del Polo Obrero por extorsión a beneficiarios de planes sociales
El juez federal Sebastián Casanello, ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros referentes de la agrupación por un escándalo de corrupción que resultó en una serie de allanamientos el pasado 11 de mayo. Los imputados están acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, según confirmaron fuentes judiciales. Casanello destacó cómo las personas vulnerables recibían estos planes a través de las organizaciones y se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
También, señaló que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, y añadió que los beneficiarios de ciertos comedores comunitarios, que recibían ayuda a través del programa, eran obligados a asistir a movilizaciones político-partidarias, aportar sumas de dinero a la organización, y votar por un candidato específico, bajo amenaza de perder la ayuda estatal.
Citas a indagatoria
El juez citó a indagatoria a varios integrantes del Polo Obrero. La ronda de indagatorias se desarrollará de la siguiente manera:
11 de junio: Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, y Cynthia Delgado Vilches.
12 de junio: Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat, y María Cecilia Cowper.
13 de junio: Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso, y Lorenzo Martelli.
18 de junio: Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti, y Gustavo Guillermo Vásquez.
19 de junio: Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego, y Elizabeth del Carmen Palma.
25 de junio: Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz, y Roberto Adrián Albornoz.
Contexto y origen de la causa
La investigación comenzó el 20 de diciembre, coincidiendo con la preparación de la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. El Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para denuncias anónimas, lo que resultó en una denuncia en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita se focalizó en 45 denuncias en la Capital Federal, localizando a siete personas, de las cuales cinco declararon.
Proceso judicial y pruebas
El fiscal Pollicita destacó que, bajo la apariencia de administrar comedores populares, al menos tres grupos de personas exigieron sistemáticamente dinero a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Tras los allanamientos iniciales, el juez ordenó inhibir los bienes de los implicados y mantuvo el secreto de sumario para continuar con las diligencias. Además, una decena de personas solicitó protección.