El Gobierno nacional decretó la emergencia pública en materia ferroviaria por un período de 24 meses.
La medida anunciada a través del Boletín Oficial, tiene como objetivo resguardar la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros.
La declaración de emergencia abarca todas las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y operación de la infraestructura ferroviaria en la Red Ferroviaria Nacional.
Según la norma firmada por todo el gabinete libertario, las empresas estatales que operan los trenes y administran la infraestructura ferroviaria tienen quince días para presentar una propuesta de medidas indispensables y urgentes a tomar. Una vez que cada una formalice el listado de obras indispensables para resguardar “la seguridad operativa” de los servicios, el Gobierno habilitaría los fondos necesarios para hacer esos trabajos.
