Alquileres: el Senado bonaerense, cerca de aprobar la ley
La propuesta del senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, junto a asociaciones de inquilinos, que promueve que el cobro del 4% de honorarios y los gastos administrativos sea asumido por los propietarios, fue aprobada por los legisladores de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo y la iniciativa queda a la espera de ser tratada en las próximas sesiones.
“Queremos acercar una solución al problema habitacional en la Provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan las mayores cargas”, explicó el ex intendente de San Antonio de Areco.
El proyecto prevé que el cobro del 4% de los honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, deberá ser enteramente asumido por los propietarios.
Asimismo, la solicitud de informes de dominio, a realizarse en el Registro de la Propiedad, será sin costo para los inquilinos. Otro punto a destacar es que los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía, deberán ser afrontados por los propietarios.
“Esperamos contar con el acompañamiento del bloque opositor. Sabemos que esta medida no es suficiente pero sí es un gran paso. En CABA, los costos son asumidos por los propietarios y son muchas las organizaciones que observan el agregado de esto al alquiler real. Sin embargo, prefieren eso ya que el valor se licúa a lo largo de las distintas cuotas”, reafirmó el titular de Movimiento Arraigo y agregó “esperamos contar con el consenso del bloque opositor en el recinto”.
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz afirmó que “es un proyecto fundamental que va directo al problema más urgente que es: los enormes gastos que tenemos los inquilinos bonaerenses al ingreso de un alquiler, cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios. Esto ya se aprobó en Capital Federal, La Pampa, Rio Negro y es para nosotros urgente que se convierta en Ley”.
La iniciativa también establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres con el objetivo de que “el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible”, explicó Durañona.