“Atado con alambre”: Kicillof sostiene a su amigo D’Onofrio mientras avanza la investigación por las fotomultas y VTV
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha decidido no remover, por el momento, al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien se encuentra involucrado en un esquema bajo sospecha relacionado con supuestas coimas vinculadas al sistema de fotomultas (para anular infracciones fuera del sistema oficial) y presuntas irregularidades en licitaciones relacionadas con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), todas bajo el ámbito de su ministerio.
Desde el Ministerio de Transporte se destacó que no existe ninguna imputación contra el ministro. En respuesta a consultas publicadas por Infobae, desde la Gobernación ratificaron que D’Onofrio no está imputado y continuará en su puesto.
Sin embargo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ministro de Transporte como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. Según la resolución de Charvay, esta medida también afecta a otros involucrados, entre ellos Claudia Pombo, concejala de Pilar y ex presidenta del Concejo Deliberante del distrito, quien fue desplazada tras el avance del caso. Además, están incluidos Agustina Cuadra (hija de Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia y funcionaria del ministerio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
La causa se originó en octubre a raíz de una denuncia presentada por Leandro Camani, presidente de Secutrans, quien reveló una presunta red de gestores que ofrecían eliminar multas de tránsito a cambio de comisiones de entre el 30% y 50% del monto original. Esta práctica, junto con contrataciones irregulares en concesionarias de la VTV, habría causado pérdidas económicas significativas a Secutrans, estimadas entre 4 y 10 millones de dólares mensuales, dado que la empresa provee el sistema en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
La resolución de Charvay también ordena al Banco Central de la República Argentina (BCRA) recopilar información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros activos de los investigados, tanto en pesos como en moneda extranjera, desde el 29 de diciembre de 2021. Asimismo, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) investigar si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y antecedentes de los implicados, además de coordinar con organismos internacionales del Grupo Egmont. También se requirió a plataformas de criptomonedas identificar posibles movimientos financieros relacionados.
En paralelo, en La Plata, el fiscal Álvaro Garganta investiga un esquema similar de gestores que eliminaban multas a cambio de porcentajes, lo que también afectó las recaudaciones de Secutrans. En esta trama, el juez de faltas Mario Quattrochi es señalado por presuntamente anular las infracciones, lo que agravó las pérdidas económicas de la empresa.
Desde el entorno de D’Onofrio explicaron que “no existe ninguna imputación ni procesamiento, mucho menos una restricción para salir del país”. Añadieron que el pedido del denunciante fue rechazado y afirmaron que «lo que circula es completamente falso». Además, el ministro declaró: “Esperamos que la Justicia produzca la prueba con la mayor celeridad posible para que quede claro que en la Provincia es imposible borrar multas”.
Políticamente, el ministro cuenta con el respaldo del gobernador. El lunes, D’Onofrio participó junto a gran parte de su Gabinete del acto que Kicillof encabezó en San Martín, con motivo del primer año de gestión de Javier Milei, donde se expresó duramente contra el gobierno nacional. También participó en una agenda en Carmen de Patagones el 29 de noviembre, donde, junto a Kicillof, pusieron en funcionamiento un minibús para facilitar el traslado de los vecinos de Bahía San Blas.
Cuando se inició la denuncia, el ministro participó de las conferencias de prensa habituales del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. En ese espacio, D’Onofrio fue consultado sobre el proceso que comenzaba. “Nos hemos constituido como particular damnificado. Estamos convencidos de que con la información que le hemos brindado a la Justicia se dejará claro que no hubo maniobras por parte de funcionarios ni de juzgados provinciales. Probablemente, haya habido un trabajo desleal por parte de intermediarios y gestores. La Justicia determinará si es estafa o abuso de confianza”, afirmó.
La oposición intentó poner el tema en la agenda. El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica pidió a Kicillof la remoción del funcionario. “Mientras avanza la investigación y nuevas evidencias salen a la luz, la permanencia del Sr. D’Onofrio en su cargo es inaceptable. No se trata de rumores periodísticos, sino de investigaciones judiciales avanzadas que revelan un entramado de corrupción a gran escala. Por ello, es imperativo que el Sr. Ministro deje su cargo y quede a disposición de la justicia”, señalaron en una carta.
También lo hizo el diputado por La Libertad Avanza, Guillermo Castello, quien presentó un proyecto de ley para eliminar la VTV. Sostuvo que los sistemas de multas de tránsito y VTV “son solo peajes que sirven para enriquecer a funcionarios” y subrayó la necesidad de eliminarlos “ya mismo”. “Para terminar con la corrupción endémica, hay que desmantelar el Estado, empezando por los mecanismos de ‘control y regulación’”, concluyó.
En las últimas horas, D’Onofrio fue ratificado en su cargo.