El Gobierno refuerza el control sobre los gastos universitarios
En una decisión polémica que podría modificar la relación entre el Ejecutivo y las universidades nacionales, el Gobierno ha impulsado una serie de decretos destinados a incrementar la supervisión sobre las compras y contrataciones en estas instituciones. Las medidas, que incluyen un decreto de necesidad y urgencia (DNU), fueron publicadas en el Boletín Oficial y han generado un intenso debate tanto en el ámbito académico como en el político.
Una reforma para «transparentar» el uso de los recursos
Con la publicación de los decretos 1091/2024, 1092/2024 y 1093/2024, el Gobierno busca incorporar formalmente a las 62 universidades nacionales a las normativas de administración financiera y contrataciones electrónicas. A pesar de que las universidades gozan de autonomía, tanto la Secretaría de Políticas Universitarias como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) han respaldado la iniciativa, argumentando que promoverá mayor transparencia y competitividad.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, subrayó que el objetivo es que las universidades operen bajo las mismas reglas que cualquier entidad pública o privada: «No debe existir un camino indirecto que permita prácticas poco claras», afirmó.
Entre las principales novedades, destaca la obligatoriedad de adoptar plataformas electrónicas como COMPR.AR y CONTRAT.AR para compras y obras públicas, así como el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) para la gestión de los recursos.
El fin de los contratos directos con universidades
El decreto 1091/2024 también elimina la posibilidad de que las entidades públicas contraten directamente a las universidades, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, como exclusividad técnica o licitaciones desiertas. En 2022 y 2023, el Estado suscribió más de 2.000 convenios con universidades, una práctica que el Gobierno considera incompatible con la transparencia en el uso de fondos públicos.
La medida busca cerrar vacíos legales que permitían el uso indiscriminado de contrataciones directas. Según Fariña, «los privilegios previos afectaban la competitividad y perjudicaban a los contribuyentes».