La inseguridad complica a Kicillof
En menos de diez días, la provincia de Buenos Aires fue el escenario de tres asesinatos de gran impacto y un caso de gatillo fácil protagonizado por la policía bonaerense. Estos episodios profundizaron la crisis de inseguridad y situaron al gobernador Axel Kicillof en una encrucijada política, con un malestar creciente de la ciudadanía que exige soluciones y que resulta ganancia para la oposición que por estas horas aprovecha el escenario de las redes, inclusive para pedir la renuncia del gobernador.
Desde su asunción en 2019, Kicillof delegó la seguridad en el entonces ministro Sergio Berni, cuyo estilo confrontativo dominaba la escena pública. Sin embargo, tras su salida, el nuevo ministro Javier Alonso adoptó un perfil más discreto, pero no logró contener la creciente ola delictiva pese a que los números oficiales exponen una baja en los delitos de inseguridad, lo cual sumerge a la provincia en un mar de contradicciones y hasta capítulos de “pasadas de facturas” con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el reparto de las culpas. En ese marco, la relación con el gobierno nacional de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se tornó aún más tensa, con constantes críticas y acusaciones mutuas a las que se suma la oposición bonaerense, como estocada.
Escalada del conflicto: reclamos y violencia
El reciente asesinato de Kim, una niña de siete años en La Plata, marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad: la indignación es total, y no sólo en el arco político, sino en la ciudadanía, que comienza a buscar respuestas en las calles y con protestas que incluyen episodios de violencia.
Sin concesiones y en esa línea, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich responsabilizó directamente a Kicillof, acusándolo de «inutilidad» y exigiendo la aprobación del Régimen Penal Juvenil. Paralelamente lo hizo la oposición bonaerense, asegurando mediante comunicados de fuerte tenor que la seguridad «no está en la agenda del Gobernador».
En esa misma línea, los intendentes del conurbano, aún los aliados de Kicillof, comenzaron a presionar en busca de soluciones. “La gente tiene dos preocupaciones: perder la vida en un asalto y la crisis económica. Están entre la muerte y la mala vida”, advirtieron días atrás.
Judicialización y denuncias
El abogado José Luis España presentó una denuncia penal contra Kicillof por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», acusándolo de desfinanciar la seguridad y de tomar medidas que empeoraron la crisis. Entre los puntos clave, se destaca la reducción del presupuesto, el cierre de unidades policiales y la falta de coordinación con fuerzas federales. Según la denuncia, los homicidios en la provincia aumentaron un 14,8% en 2023, con 822 víctimas fatales, y en enero de 2025 ya se registraban 28 enfrentamientos armados en el conurbano.
Un futuro incierto
La inseguridad en Buenos Aires se ha convertido en una batalla con final abierto. Mientras el gobernador busca soluciones y defensa política, la sociedad bonaerense sigue atrapada en un escenario de creciente violencia e incertidumbre.