La Justicia exhortó a Bullrich para que “adecue“ el protocolo antipiquete
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó hoy que ha recibido un informe del Ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y, en consecuencia, solicitó a esta entidad que «ajuste la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites establecidos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Según un documento, el juez federal Sebastián Casanello confirmó la recepción de un informe solicitado recientemente al ministerio dirigido por Patricia Bullrich, en el que se pide que se detallen los «fundamentos jurídicos» del protocolo y se aclare si se consultó a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
El juez había requerido este informe en respuesta a una acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el pasado 18 de diciembre, argumentando que la iniciativa que prohíbe el corte de calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».
En ese sentido, Casanello señaló que el Ministerio de Seguridad explicó cómo llegó a dictar la resolución impugnada, sus fundamentos y la normativa en la cual se enmarcaba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, destacó que no se consultaron otros organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales.
Además, respecto a la adecuación del Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, señaló que se hizo una invocación genérica de instrumentos y documentos.
El juez afirmó que, dadas estas circunstancias, están dadas las condiciones para dictar una medida cautelar y tutelar que actúe como protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales, aunque advirtió que la decisión no tendrá el alcance pretendido en la demanda de declaración de inconstitucionalidad, al menos por el momento.
El documento también destacó que la libre circulación coexiste con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar y criticar a las autoridades, los cuales merecen especial protección dentro del sistema democrático.
Por estas razones, Casanello solicitó al Ministerio de Seguridad que ajuste la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites establecidos por el Sistema Constitucional de Derecho, y que se instruya a estas fuerzas para que, en el marco de su actividad preventora, notifiquen y consulten de manera inmediata a las autoridades judiciales, de conformidad con lo establecido por las leyes procesales.
Además, convocó a una audiencia de habeas corpus para el día 14 de febrero, en la cual deberán comparecer un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.