Mercedes: acusaciones de corrupción sacuden la administración local
Un conflicto de gran envergadura estalló en la pequeña localidad de Mercedes. Juan Grabois, conocido activista social, junto con tres funcionarios que sirvieron en la administración anterior encabezada por Alberto Fernández, se enfrentan ahora a acusaciones penales por presuntas irregularidades en la construcción y entrega de viviendas.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Jorge Luis Vitale, quien alega que Grabois y los exfuncionarios Anabel Sagasti, Jorge Tanus y Fernanda Miño, habrían utilizado fondos públicos del Fondo de Integración Social Urbano (FISU) en beneficio propio.
Los cargos incluyen malversación de fondos públicos, negociación incompatible con la función pública y violación de los deberes de funcionario público. Según documentos presentados ante la Justicia, una auditoría gubernamental habría revelado que, de las 6.617 obras asignadas por el estado a través del FISU, solo unas sesenta se completaron.
Esta noticia, que fue inicialmente divulgada por REALPOLITIK a principios de año y luego retomada por medios nacionales, señala a Mercedes como uno de los epicentros de un presunto desfalco a nivel nacional, que se estima supera los 1.200 millones de dólares. Se ha mencionado a Gerónimo Ustarroz, hermano del intendente local Juan Ustarroz y de crianza de Wado de Pedro, junto con Juan Grabois, como principales involucrados en el escándalo y la supuesta desaparición de fondos públicos.
El periodista Luis Majul ha destacado a Mercedes como el foco del conflicto. Durante una visita al municipio, su equipo de producción mostró calles trazadas sobre terrenos que deberían albergar desarrollos financiados por el FISU, pero que evidentemente se encuentran paralizados, con la vegetación ganando terreno sobre las estructuras de hormigón.
Horas después, desde la administración municipal dirigida por Ustarroz, se emitió un comunicado defendiendo su gestión, argumentando que la falta de avance en las obras se debió a la interrupción de las transferencias de fondos por parte del gobierno nacional tras un cambio en la presidencia. Sin embargo, Débora Lacasa, concejal que anteriormente había respaldado las acusaciones, se retractó de sus declaraciones, atribuyendo los retrasos a la empresa BDH y afirmando que las obras de agua y cloacas estaban casi completas.