Una auditoría detectó irregularidades en subsidios por discapacidad

Una auditoría del Ministerio de Salud de la Nación descubrió irregularidades en la rendición de los subsidios por discapacidad que se otorgan a obras sociales mediante el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que corresponden a servicios de traslado para 32.518 beneficiarios, a quienes debían derivar a servicios de atención, establecimientos educativos, o centros de día, entre otros.

La auditoría, realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) sobre los subsidios por discapacidad, arroja una suma millonaria que desde el Gobierno califican como desmesurada. “Estos números son una muestra más del descalabro que existía en el sistema y cómo desde la Superintendencia se miraba para otro lado”, sentenciaron desde el Ministerio de Salud.

Según recoge la auditoría, la cifra que las empresas facturaron el mes pasado a las obras sociales, y que estas derivaron a la Superintendencia, asciende hasta $14.480.200.798 por distancias de traslado de 28.680.480 kilómetros, lo que equivale a 882 kilómetros recorridos por persona. Si se tiene en cuenta que los centros de atención de estos afiliados no suelen estar a más de 10 o 20 kilómetros de su hogar, estos números resultan incongruentes.

La presunta sobrefacturación determinó que las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud modifiquen la resolución vigente sobre subsidios por discapacidad con controles más estrictos. De ahora en más, según difundieron, la documentación se presentará en forma digital para que la Superintendencia revise la “legitimidad de las facturas a través de los servicios de AFIP”.