Referentes sanitarios de 18 provincias manifestaron su oposición a los cambios en la Ley de Salud Mental promovidos por el gobierno de Javier Milei, en lo que configura una señal clara de resistencia desde las jurisdicciones al proyecto enviado al Senado. El posicionamiento se dio en la previa de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde el ministro nacional Mario Lugones tiene previsto presentar formalmente la iniciativa.
La postura se terminó de consolidar durante el reciente Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), desarrollado en Mar del Plata, donde el titular de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, convocó a autoridades del área de casi todo el país para analizar la situación del sistema sanitario y debatir el alcance de la propuesta oficial. En ese ámbito, hubo coincidencias en torno a que las modificaciones planteadas podrían implicar retrocesos en derechos adquiridos y debilitar la capacidad de respuesta estatal frente a una problemática en crecimiento.
El encuentro se dio en un escenario atravesado por una suba sostenida en la demanda de atención en salud mental. Datos relevados a nivel nacional indican que, en el último año, las internaciones vinculadas a esta área aumentaron un 77%, mientras que las consultas ambulatorias crecieron un 134%. Estas cifras generaron preocupación entre los responsables sanitarios, que también advirtieron sobre el incremento de situaciones asociadas al suicidio y mayores dificultades para acceder a la atención.
En este contexto, las provincias elaboraron un documento conjunto donde expresaron un rechazo contundente a la reforma. Allí sostienen que la propuesta nacional podría significar un retroceso en términos de derechos, al afectar fuentes clave de financiamiento, introducir obstáculos para la atención en situaciones críticas y debilitar el enfoque comunitario que establece la normativa vigente.
Además, remarcaron que las problemáticas de salud mental requieren políticas sostenidas en el tiempo, con planificación y continuidad estatal. En ese sentido, alertaron que eventuales recortes o cambios regresivos no solo comprometerían la atención actual, sino que podrían profundizar los efectos a mediano y largo plazo en el bienestar de la población.
