La principal bandera simbólica con la que Javier Milei llegó al poder comienza a mostrar señales claras de desgaste. La promesa de enfrentar a la denominada “casta”, que durante meses funcionó como núcleo de legitimidad política y moral del oficialismo, aparece hoy debilitada frente a una opinión pública que empieza a percibir al Gobierno como continuidad de las prácticas que decía combatir.
En paralelo, los datos sobre la economía doméstica terminan de darle forma concreta a ese malestar: el 81,6 % de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas y consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más críticos, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.
Corrupción libertaria
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista.
El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3 % perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2 % interprete las denuncias como parte de un problema estructural, sino que esa lectura empieza a impactar directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de enfrentar a “la casta”.
Cuando el 66,6 % afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó formando parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es sólo la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad comienza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y su ejercicio actual del poder.
Mucho más que oposición
Este deterioro no puede leerse únicamente como un fenómeno opositor. La corrupción aparece como el principal problema del país incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o los salarios, lo que indica que la preocupación ya atraviesa al propio universo del mileísmo.
Sin embargo, la forma de interpretarlo varía según el posicionamiento político. Entre oficialistas predomina aún una mirada que tiende a encapsular el problema en casos aislados, preservando cierta excepcionalidad moral del Gobierno. Entre opositores, en cambio, se consolida una visión más dura, donde la corrupción deja de ser un desvío para convertirse en un rasgo estructural.
Esta diferencia revela dos dinámicas simultáneas: por un lado, Milei conserva un núcleo que amortigua el costo reputacional; por otro, fuera de ese núcleo el veredicto social se vuelve cada vez más severo. Así, la bandera anticasta —que funcionó como fuente de autoridad moral y tolerancia frente al ajuste— comienza a invertirse y transformarse en un punto de vulnerabilidad.
Credibilidad en retroceso
En esa línea, el MOP muestra que la pérdida de credibilidad del Gobierno no se limita a los hechos denunciados, sino que compromete la confianza en su voluntad de prevenir la corrupción.
El 66,6 % considera que la administración de Milei no está comprometida con evitar estos hechos, frente a un 32,2 % que le reconoce algún grado de compromiso. Este dato desplaza la discusión desde episodios puntuales hacia una sospecha más estructural sobre el ejercicio del poder.
Ya no se trata sólo del impacto de cada denuncia, sino de la percepción de que el Gobierno dejó de encarnar la promesa de transparencia que fue central en su construcción política. Cuando esa expectativa se debilita, también se erosiona uno de los principales blindajes simbólicos frente a otros costos, especialmente los económicos.
En este contexto, el deterioro moral se superpone con el desgaste de gestión: la aprobación presidencial cae al 33,1 %, mientras crece la percepción de que el pacto anticasta se rompió. Las denuncias no sólo afectan la imagen del oficialismo, sino que empiezan a impactar en su núcleo identitario, aquello que lo diferenciaba del resto del sistema político.
Ajuste y vida cotidiana
A este desgaste se suma un malestar económico persistente, que en abril vuelve a manifestarse con fuerza en la vida cotidiana de los hogares.
El 81,6 % de los encuestados afirma haber tenido que recortar gastos en los últimos seis meses. El ajuste deja de ser una discusión abstracta para convertirse en una experiencia concreta de privación: ya no se trata de reducir excedentes, sino de resignar aspectos centrales de la vida diaria.
Sobre esta base material se apoya buena parte del desgaste político. Cuando el 86,6 % siente que su salario pierde frente a la inflación y el 60,4 % afirma que sus ingresos alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social al ajuste depende cada vez más de la credibilidad del Gobierno.
En ese marco, las denuncias por corrupción adquieren un efecto más corrosivo: impactan sobre una sociedad que ya atraviesa esfuerzos y privaciones. La percepción de que el Gobierno reproduce prácticas que decía combatir profundiza la decepción y la traslada al plano político.
La brecha con el INDEC
En abril también se amplía la distancia entre la economía oficial y la experiencia cotidiana. El 70,3 % considera que el dato de inflación del INDEC no refleja lo que ocurre en la vida diaria, un salto significativo respecto de enero.
Más que una discusión metodológica, lo que emerge es una crisis de confianza. Cuando la inflación oficial no coincide con la percepción cotidiana, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político.
El 86,6 % afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de la serie. La sociedad no evalúa el dato en abstracto, sino en función de su impacto concreto: cuánto dura el ingreso, qué margen queda después de cubrir lo básico y hasta cuándo se puede sostener el consumo.
Por eso, aun cuando el índice desacelera, si el poder adquisitivo no mejora, el dato pierde capacidad de persuadir. La brecha ya no es sólo entre inflación oficial y percibida, sino entre la narrativa económica del Gobierno y la experiencia real de los hogares.
Imagen en caída
En abril, la imagen de Javier Milei profundiza su deterioro: la positiva cae al 35,2 %, la negativa sube al 59,3 % y el diferencial alcanza los 24 puntos en contra.
A la presión económica se suma un desgaste político y moral cada vez más visible. Las denuncias de corrupción, la erosión del relato anticasta y la percepción de falta de control debilitan uno de los principales activos simbólicos del liderazgo de Milei.
En el cruce entre frustración material y decepción moral aparece una de las claves del momento: ya no se deteriora sólo la evaluación de la gestión, sino también la figura presidencial como síntesis política de ese proceso.
